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El PSOE enmendará en el Senado para garantizar la neutralidad fiscal de la ley
Firmas - Federico Castaño
Federico Castaño - Madrid - 23/03/2007
La negociación pilotada con el Partido Popular y Convergència i Unió por el portavoz de Economía del Grupo Socialista, Ricard Torres, rindió ayer, finalmente, sus frutos, de tal forma que la adaptación de la legislación mercantil en materia contable a la normativa europea fue coronada con la unanimidad de todos los grupos de la Cámara Baja. El acuerdo alcanzado descansa en tres pilares: el tratamiento especial a las pymes, la normativa sobre el Código de Comercio y las repercusiones fiscales del nuevo plan general contable.
El primer escollo se superó tras el compromiso del PSOE de crear un plan contable reducido para las pymes del que quedarán excluidas las operaciones complejas. Mediante una enmienda introducida ayer se creará, además, un nuevo sistema simplificado para las microempresas que afectará a aspectos relacionados con el registro, la valoración en el Impuesto de Sociedades y las operaciones de arrendamiento financiero. El objetivo es facilitar su adaptación a la nueva norma.
El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, exigió que la formulación del plan abreviado tenga un seguimiento especial por parte de los distintos grupos parlamentarios con el fin de incorporar al mismo las sugerencias procedentes de los diferentes sectores empresariales. El PSOE acogió favorablemente esta propuesta que, en el caso de los nacionalistas catalanes, fue todavía algo más allá: CiU solicitó que en el supuesto de que las pymes no pudieran aplicar este plan contable a partir del 1 de enero del año que viene se les conceda una prórroga para su digestión.
El segundo pilar del acuerdo descansa en la preocupación que había originado la normativa sobre el Código de Comercio y, en concreto, la que obligaba a la consolidación horizontal a numerosas sociedades familiares. Primero se eliminó en Comisión esta obligación y ayer se avanzó en esta misma dirección. CiU puso el ejemplo de una empresa obligada a este tipo de agrupación de sus estados financieros porque una filial suya sea cotizada. Según su criterio, la consolidación del grupo superior no le aporta nada al minoritario de la filial cotizada. En opinión del PP, tal y como llegó el proyecto de ley al Congreso hubiera obligado a la consolidación horizontal a casi todas las empresas familiares de España.
El tercer acuerdo, todavía por perfilar en el Senado, se basa en la neutralidad fiscal con la que el Ministerio de Economía se ha comprometido a coronar esta reforma contable. Ricard Torres reiteró ayer este compromiso, que incluye la aplicación de un régimen transitorio que implique un efecto cero para todas las empresas embarcadas en operaciones de amortización de activos. A efectos fiscales, la reforma permitirá la deducción del fondo de comercio aun cuando no se amortice a efectos contables. El portavoz de Economía del Grupo Socialista anticipó que en el Senado se modificarán todos los artículos de la ley del impuesto de sociedades que incluyan expresiones contables como, por ejemplo, las referencias al valor teórico y a los fondos propios.
En este ámbito, el PSOE garantiza que no se producirá repercusión fiscal alguna por el hecho de que las empresas actualicen el valor de sus activos financieros. También se introducirán enmiendas para disipar las dudas sobre las deducciones fiscales por reinversión de beneficios extraordinarios.
Al consenso unánime en torno a la nueva ley Contable se sumó ayer el acuerdo de todos los grupos parlamentarios sobre el proyecto de ley de Defensa de la Competencia, que ahora corresponde tramitar también al Senado. En este caso, la negociación ha sido dirigida en el Grupo Parlamentario Socialista por la diputada Elisenda Malaret. Ambas normas se suman también al amplio acuerdo alcanzado por el PSOE y el PP en el caso de la ley de Opas, y al que se persigue en la nueva ley Hipotecaria. Este fecundo espacio de encuentro entre los dos partidos mayoritarios, al que tampoco son ajenos los grupos minoritarios, está pasando desapercibido por al alto grado de crispación política que reflejan otros asuntos de actualidad, especialmente los relacionados con la lucha antiterrorista.
En el caso del proyecto de ley de Defensa de la Competencia, el pleno del Congreso se limitó ayer a aprobar el dictamen de la Comisión de Economía sin introducir novedades significativas.
Este proyecto de ley permitirá la modernización del derecho de la competencia y el diseño de un nuevo modelo institucional. La ley crea la Comisión Nacional de la Competencia, que estará integrada por seis consejeros, además del presidente. La intención del Gobierno es dar cabida en ella a personas designadas también por los principales grupos nacionalistas una vez venza el mandato de los actuales consejeros del Tribunal.
Las pequeñas y medianas empresas dispondrán de un plan contable reducido y de un sistema simplificado que facilitará su adaptación a las nuevas normas.
Queda eliminada la consolidación horizontal a la que el proyecto de ley original obligaba a numerosos grupos familiares.
A efectos fiscales se permitirá la deducción del fondo de comercio aun cuando no se amortice contablemente.
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