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Federico Castaño - Madrid - 19/10/2007
Gana UGT y pierden las empresas de trabajo temporal (ETT). El Congreso mantuvo ayer, pese a la oposición del PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, la enmienda incorporada en el Senado al proyecto de ley de Contratos del Sector Público que prohíbe a este tipo de empresas contratar con las administraciones, salvo que éstas precisen personal con carácter eventual para realizar encuestas, tomas de datos y 'servicios análogos'. ¿Qué se entiende por servicios análogos? Ningún parlamentario se atreve a profundizar en un concepto tan ambiguo.
Los grupos que votaron a favor de eliminar la prohibición de contratar con el sector público que regirá para las empresas de trabajo temporal se quejaron de que el PSOE ha incumplido el acuerdo que en su día alcanzó en el Congreso con ellos. En efecto, el proyecto de ley salió de la Cámara Baja autorizando a las ETT a contratar con el sector público, pero Entesa (PSC, ERC e IC) defendió en el Senado la postura de UGT, favorable a impedir que estas empresas contraten con las administraciones, y arrastró consigo a los nacionalistas vascos y canarios. La rectificación ayer de estos últimos en el Congreso no fue suficiente porque el PSOE se sumó a los intereses defendidos por UGT y dio por bueno el cambio introducido en la Cámara Alta.
El Congreso respetó también la enmienda introducida por el Senado a este proyecto de ley que desvanece la intención inicial del Gobierno de extender a todas las modalidades de contratos del sector público la prohibición absoluta de que distintas empresas de un mismo grupo puedan presentar varias ofertas en un mismo concurso. El PSOE no pudo ayer tumbar esta enmienda porque carecía de mayoría parlamentaria.
El texto del proyecto de ley aprobado provisionalmente por el Congreso el pasado julio impedía la presentación de ofertas diferentes por parte de sociedades vinculadas al mismo grupo empresarial, con el objetivo de promover una mayor competencia en la contratación pública.
El proyecto de ley de Contratos del Sector Público aprobado ayer de forma definitiva en el Congreso ha sido pactado en buena parte de sus artículos por la mayoría de los grupos parlamentarios, gracias a la negociación pilotada por la ponente socialista, Elisenda Malaret. 'Se trata de una reforma ambiciosa que tiene dos grandes objetivos: introducir más eficiencia en la gestión pública mediante el perfeccionamiento de los procesos de compras y, en segundo lugar, favorecer la toma en consideración de requerimientos de carácter ambiental y social mediante un marco jurídico que suministre seguridad a las administraciones y a las entidades privadas contratantes', argumentó ayer la diputada socialista.
La nueva ley entrará en vigor en seis meses a partir de su publicación en el BOE.
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