El Congreso aprueba definitivamente la Ley del Juego

La nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros a principios de febrero y ha seguido en las Cortes el trámite de urgencia, crea un nuevo régimen fiscal para las apuestas 'on line' y establece un sistema de licencias para los operadores que quieran operar en España, así como una serie de garantías para proteger a los menores y a las personas que sufren ludopatía.

Durante su paso por las cortes se han incorporado al proyecto más de un centenar de enmiendas para reforzar la protección de los colectivos vulnerables, como los ludópatas y menores, y atender algunas de las demandas de sectores afectados por la Ley, como las casas de apuestas 'on line' o los medios de comunicación. En general el proyecto ha contando con un amplio consenso entre los partidos, aunque el PP se ha opuesto tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado a algunas de las principales novedades de la norma como la creación de la Comisión Nacional del Juego (CNJ) como órgano regulador del sector.

Durante la votación final en el Pleno del Congreso, la diputada del PSOE Gloria Rivero ha señalado que la Ley del Juego acabará con el "vacío legal" actual, ya que no hay ninguna norma que regule el juego 'online' en España. En este sentido, ha esperado que el marco legal "claro y preciso" que, a su juicio, establece sirva para dar "un impulso positivo al sector" y crear nuevos empleos, así como para dotar a los usuarios de una oferta "más atractiva y segura de ocio".

Mientras, el diputado del PP Antonio Gallego ha coincidido en destacar la necesidad de la Ley, ya que "no tenía sentido" que haya casas de puestas 'online' que operan en España sin pagar impuestos debido a que no hay ninguna ley que regule su actividad, aunque ha criticado "la precipitación" con la que se ha tramitado la nueva regulación.

Así, ha acusado al Gobierno de acelerar la aprobación de la ley para paliar el "elevadísimo déficit publico" de España con nuevos impuestos y mediante la privatización de un 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), a lo que se ha opuesto porque es como "mal vender las gallinas de los huevos de oro". Asimismo, Gallego señalado que el PP "va a prestar mucha atención al desarrollo reglamentario de esta ley" porque considera que algunos asuntos como el retorno a las apuestas deportivas "no se han resuelto adecuadamente".

Tras su intervención, la diputada socialista ha asegurado que, pese a la privatización de un 30 por ciento de su capital, LAE "va a seguir siendo de titularidad y naturaleza pública pese a la insistencia" con la que el PP acusa al Ejecutivo de afán recaudatorio.

A lo largo de toda la tramitación de la norma, la privatización de parte de LAE y la creación de la CNJ como órgano regulador del sector, al que también se oponía el PP, ha sido dos de los asuntos en los que menos consenso ha habido entre PSOE y PP. No obstante, ambos partidos han coincidido en apoyar "globalmente" la Ley que deberá ser publicada ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Por su parte, el diputado de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre se ha mostrado satisfecho con el "consenso" alcanzado en la tramitación de la nueva Ley y ha indicado que las "grandes beneficiadas por esta nueva ordenación del juego van a ser las comunidades autónomas", ya que gran parte de los nuevos impuestos que contempla la Ley para el juego en España irá a parar a las comunidades autónomas.

Durante la votación en el Pleno, el Congreso ha ratificado las enmiendas introducidas en el texto en el Senado para establecer, entre otras cuestiones, un plazo hasta el 1 de enero de 2012 o hasta que se haya publicado la primera resolución de concesión de una licencia para que las empresas de juego se adapten a la nueva regulación en el que no se les aplicará las sanciones contempladas en la nueva normativa y se les permitirá seguir anunciándose en los medios de comunicación. Este régimen transitorio no se aplicará para lo relativo a los nuevos impuestos previstos en la Ley.

Por otro lado, el Congreso ha ratificado otra enmienda introducida en el Senado por la que se establece que el porcentaje, así como el mecanismo de distribución, de lo recaudado por los nuevos impuestos del juego que van a ir a financiar el deporte se decidirá por una ley posterior. Asimismo, se ha establecido que, en cualquier caso ese porcentaje que se destine a deporte sólo podrá ser utilizado para eventos celebrados en España.

Marco regulatorio

Esta normativa supone una reordenación del juego desde que en 1977 fuera despenalizado por un real decreto. Con ello, aporta un régimen jurídico para el sector, enmarcado en una nueva situación de mercado con la irrupción de apuestas y juegos a través de Internet o móvil. Además, esta nueva normativa permite que, por primera vez en España, los equipos de fútbol podrán cobrar por las apuestas deportivas.

La Ley crea un sistema de licencias que las casas de apuestas por Internet deberán obtener si quieren operar en España mediante un sistema abierto de otorgamiento, controlado, y que deberá renovarse cada un año y medio. Además, la licencia podrá ser rechazada por la Administración al considerar que vulnera la protección del menor, induce a conductas delictivas, fraude o blanqueo de dinero. Existirá para ello una base de datos basada en el Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo con las comunidades autónomas.

La Ley crea, además, un régimen fiscal específico para las actividades objeto de regulación de esta ley, que gravará la autorización, celebración y organización de las diferentes actividades de juego, que puedan explotar los operadores habilitados, con la excepción de la actividad de juego de las loterías, que no estará sujeto al nuevo 'Impuesto sobre Actividades de Juego'.

Como son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las políticas del juego, la Ley crea el Consejo de Políticas de Juego, órgano colegiado que asegurará la participación de las autonomías en materias como la normativa de los juegos, licencias y sistemas técnicos de control de operadores.

La norma, además, define las distintas modalidades de juego, establece los requisitos que deberá cumplir cada una de ellas y fija las prohibiciones, tanto subjetivas como objetivas, que pesarán sobre las actividades objeto de regulación. Aquellas que quieran realizarlo a través de Internet deberán usar obligatoria el dominio español o '.es'.