Miércoles, 07-01-2009 - Actualizado a las 23:34 h.
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Bernardo de Miguel - Bruselas - 04/09/2006
El futuro del Concierto vasco y del convenio navarro pasa por las Azores. En concreto, por el conflicto entre Bruselas y Lisboa sobre el régimen fiscal de ese archipiélago atlántico. El Tribunal de Justicia de la UE tiene previsto dictaminar el próximo 6 de septiembre si la reducción del tipo de imposición en las islas portuguesas constituye, como asegura la Comisión Europea, una ayuda de estado. De ser así, los regímenes fiscales peculiares pueden tener sus días contados.
El alto tribunal establecerá en qué casos las modificaciones de los tipos impositivos en una región constituirán una ayuda de Estado a las empresas de esa zona y, por tanto, necesitan la complicada autorización de la Comisión Europea.
La inminente sentencia, que resolverá un enfrentamiento entre Bruselas y Lisboa sobre el régimen fiscal de las Azores, ha disparado las alarmas en todas las regiones europeas con capacidad de regulación y recaudación, hasta el punto de que en el juicio se han personado España y Reino Unido en apoyo de Portugal. Madrid por el riesgo de que un precedente judicial ponga en peligro la legalidad del convenio navarro, cuyo origen data de la Ley de Fueros de 1841, y del Concierto vasco, pactado por primera vez en 1878. Londres, por su parte, intenta preservar el derecho de Escocia a incrementar ligeramente el IRPF general que se aplica en Gran Bretaña, y el de Irlanda del Norte para decidir con libertad casi absoluta sus propios impuestos.
Fuentes comunitarias que siguen el caso destacan que 'por primera vez, el Tribunal puede fijar los parámetros que regularán la legalidad de todos esos regímenes históricos'. La impaciencia por el veredicto es tal que en Bruselas se especula sobre la orientación de la decisión de cada juez con voto. Una quiniela que no suele hacerse en círculos comunitarios.
Ponente
De momento, las conclusiones del abogado general del Tribunal, Leendert A. Geelhoed, no auguran un buen resultado para Portugal. El ponente, cuya opinión siguen los jueces en un 80% de los expedientes, desestima todas las tesis de Lisboa contra la decisión comunitaria que en 2002 calificó como 'ayuda de estado (…) la reducción de los impuestos en vigor en las Azores'. De manera significativa, el Abogado General propone que Lisboa cargue con sus costas y con las de la Comisión, señal clara de la previsible derrota lusa.
Los especialistas consideran que si los jueces asumen las tesis de Geelhoed, el Tribuna Europeo tendrá que dictaminar, tarde o temprano, sobre los casos españoles.
Javier Berasategi, vicepresidente del Tribunal vasco de Defensa de la Competencia, advierte en un artículo que una sentencia comunitaria cuestionando el Concierto vasco 'podría tener repercusiones negativas en el debate sobre la construcción europea'. La mayoría de las regiones con aspiraciones autonómicas habían visto hasta ahora a la UE como un marco supranacional por el que escapar a los reflejos centralistas. Pero la constatación de que Bruselas consagra el Estado como unidad institucional de referencia ha hecho cundir en esas mismas regiones una eurodecepción que se queda a un paso del euroescepticismo. Berasategi propone atajar esta deriva con una solución definitiva a los conflictos entre el derecho comunitario y la autonomía administrativa del País Vasco y Navarra: 'La inclusión en el próximo Tratado de la UE de un protocolo vinculante donde consten los regímenes fiscales de cada Estado miembro y se les reconozca un carácter general eximiéndoles de la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado'. Cabe prever la resistencia de Bruselas a convertir en norma la excepción.
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