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En plena desaceleración del sector de la construcción, sobre el que se ha basado una gran parte del crecimiento económico de España en la última década, la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) se antoja como la tabla de salvación del nuevo Ejecutivo para mejorar los niveles de productividad y de valor añadido de lo que se produce en España. Dos objetivos de vital importancia para reactivar la economía y mejorar las paupérrimas cifras de la balanza comercial española, que alcanzó en 2007 un nuevo récord negativo al superar los 99.000 millones de euros, fruto del mayor avance de las importaciones (en especial las energéticas ) frente a las exportaciones.

Buena prueba del interés gubernamental es la creación de un ministerio con competencias propias que estará dirigido por Cristina Garmendia, hasta ahora presidenta de la biotecnológica Genetrix, miembro de la junta directiva de la CEOE y persona de confianza de Miguel Sebastián, nuevo ministro de Industria. Garmendia agradeció ayer la apuesta de Zapatero desde el convencimiento de que la I+D será 'uno de los motores de la economía'.

La nueva ministra iniciará su trabajo con una coyuntura favorable (la inversión en I+D ha crecido por encima de los dos dígitos en los dos últimos ejercicios, mientras que la empresarial lo hace todavía a tasas más altas), aunque lastrada por un retraso considerable respecto a la gran mayoría de economías desarrolladas. España invirtió en 2006 (último año del que se tiene información oficial) el 1,20% del PIB en I+D, todavía lejos del 2% fijado por el Ejecutivo para 2010 y casi la mitad o una tercera parte que otros socios comunitarios.

Deducción hasta 2011

Y para mejorar esas cifras, los primeros retos que tendrá que afrontar será el de aumentar la participación de la empresas en el sistema de innovación y mejorar los niveles de eficiencia del sector público, que todavía representa más del 50% del gasto. El sector empresarial aporta el otro 50%, dieciséis puntos porcentuales por debajo del objetivo fijado por Bruselas para 2010. En ese escenario jugará un peso fundamental la decisión que el nuevo Ejecutivo adopte respecto a la deducción por I+D+i en el impuesto de sociedades, vigente sólo hasta el 2011, y cuya prolongación ha sido reclamada con insistencia desde las organizaciones empresariales.

Este incentivo, junto a la rebaja en las cotizaciones sociales del personal investigador, es considerado como vital por las patronales para que el sector privado invierta más en I+D, especialmente a través de las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del tejido industrial en España.

La otra gran tarea pendiente es la educación y la formación. España está en los últimos puestos en los primeros niveles de la educación, según las últimas ediciones del informe PISA, y el número de estudiantes en la etapa universitaria está en retroceso, especialmente en las carreras de ciencias, de donde salen más profesionales hacia los centros de I+D. Pese a ello, el número de investigadores ha crecido con fuerza en los últimos años: en 2002 había 83.318 profesionales, cifra que se elevó hasta 115.796 en 2006 (el 5,8% de la población ocupada), aunque aún la mitad de los investigadores trabaja en los centros públicos.

Para seguir avanzando en la carrera investigadora, el Ejecutivo ha decidido traspasar las competencias en materia universitaria desde Educación hasta Ciencia e Innovación, para lograr una mayor integración entre universidad y la empresa. Un dato que invita al optimismo es que la contratación de investigadores por parte de las empresas en 2007 creció cinco veces más que en el sector público, según los datos de la Fundación Cotec.

Generación de riqueza

Y puede tener continuidad con la conversión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en agencia estatal, mediante la que se han establecido criterios más restrictivos a la hora de crear plazas públicas y de promoción interna, que a partir de ahora quedarán vinculadas a la obtención de resultados a través de patentes y publicaciones. No sólo de conocimiento vive el sistema de innovación y tecnológia, sino que también requiere de obtención de riqueza a través de la creación de patentes para productos y procesos. En este ámbito, España también está a la cola. Los investigadores españoles apenas solicitan un millar de patentes al año, una cifra muy baja respecto a las 24.000 que pide Alemania o las 8.000 de Francia. Un buen ejemplo que ilustra esta situación es que el CSIC, que aporta el 50% del gasto público en I+D al año (en torno a 2.500 millones de euros) apenas obtiene en royalties (beneficio obtenido por la explotación de la patente) 2,4 millones de euros, de los que la mitad corresponden a una patente desarrollada por la investigadora Margarita Salas en 1988, cuya propiedad corresponde al CSIC y que está siendo explotada en la actualidad por la multinacional General Electric Healthcare.

Otro de los aspectos que tendrá que corregir el nuevo ministerio será el desequilibrio regional en materia de inversión en I+D. El gasto y los investigadores están fuertemente concentrados en pocas comunidades autónomas, lo que contribuye al mayor avance de las regiones industrializadas en detrimento de las que menos recursos tienen. De los 11.815 millones que se gastaron en España en I+D, Madrid y Cataluña suponen la mitad de gasto; si a esa lista se le suman Andalucía, Comunidad Valenciana y el País Vasco, las cinco representan el 80% del gasto. La clasificación, sin embargo, varía en cuanto al esfuerzo inversor respecto al PIB. El primer lugar lo ocupa Madrid, con un 1,98% del PIB regional, seguida por Navarra, con un 1,92%.