Cataluña abre la vía para el recorte de prestaciones

Los planes de austeridad y consolidación fiscal han tenido un impacto directo en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas. Todas, sin excepción, han recortado sus gastos para sanidad, una partida sumamente importante que en algunos casos representa hasta el 40% del presupuesto. El caso más ilustrativo es el de Cataluña.

Al recorte inicial del 0,5% aprobado en las cuentas para 2011 se ha añadido otro de 900 millones (un 10% adicional) de euros ante el abultado déficit sanitario que ha aflorado el nuevo Gobierno de CiU. Un recorte que, en palabras del presidente de la Generalitat, Artur Mas, es innegociable. "La sociedad catalana debe sacudirse el miedo y afrontar el vía crucis de los recortes con la esperanza de que se saldrá de la crisis", aseguró hace pocos días en un foro empresarial. El consejero de Salud, Boi Ruiz, ha responsabilizado del incremento del déficit a su antecesora en el puesto, a quien culpó de sobredimensionar la plantilla en las empresas públicas.

El plan de recorte de Cataluña se centra en cinco áreas: Administración, prestación de servicios sanitarios, gasto farmacéutico, inversiones y transferencias del Estado. La mayor parte del ahorro (el 25% del total), según las primeras estimaciones, se conseguirá a través del recorte de la estructura administrativa. El plan pasará por reducir uno de cada diez altos cargos y gerentes de hospitales, así como concentrar el gobierno de los centros sanitarios en un solo director ejecutivo. Los ajustes también afectarán a las prestaciones, ya que el Ejecutivo ralentizará operaciones y pruebas de diagnóstico que no sean calificadas de urgentes, lo que sin duda también elevará la lista de espera. Asimismo, no se ejecutará el 60% de las inversiones previstas. Entre las medidas destacan el cierre de quirófanos o de plantas, así como la reducción de camas hospitalarias, lo que podría conllevar una oleada de despidos. Ante esta situación, unas 300 personas, en su mayoría profesionales sanitarios, se concentraron el jueves en el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) para mostrar su rechazo a los recortes. En su opinión, estos ajustes podrían provocar la salida de hasta el 10% de la plantilla.

Otras comunidades han optado por tratar de frenar los costes derivados de los recursos humanos. Pedro Llorente, director general de Gestión Económica del Servicio Madrileño de Salud, señala que se han diseñado sistemas para controlar la contratación o la incapacidad temporal. "Además, se ha congelado la promoción profesional y se va a establecer una retribución variable por desempeño para los profesionales", apunta. Por su parte, el Servicio Vasco de Salud ha puesto en marcha un plan de choque contra el elevado absentismo laboral. De los 35.000 empleados de este organismo, unos 3.500 (un 10% del total) no acude a diario a su puesto de trabajo.