Bruselas propone que las petroleras publiquen semanalmente sus reservas
La Comisión Europea tiene previsto aprobar el jueves un proyecto de directiva sobre gestión de los stocks petrolíferos que, entre otras medidas, pretende imponer a las petroleras la publicación semanal de sus reservas.
La medida, impulsada por Francia para frenar la especulación, ya cuenta con la oposición de varios países y del sector, que teme el coste económico de su aplicación.
La resistencia es de tal envergadura que el proyecto de ley se limita a recoger el principio de la obligación para las compañías. Pero deja para el futuro, y a merced de un estudio de impacto sobre el coste de la medida, los detalles de su aplicación. La directiva pretende modernizar el régimen de gestión de los stocks petrolíferos de emergencia, que se pueden movilizar en caso de una interrupción del suministro.
La ley actual, cuyo origen data de 1968, exige a los países de la UE el mantenimiento de unas reservas equivalentes al consumo de productos petrolíferos durante 90 días. La nueva directiva sustituye ese cálculo por el de 90 días de importaciones netas de productos petrolíferos. El cambio, en teoría, sólo es metodológico, porque la mayoría de los socios de la UE importan casi todo el petróleo que consumen. Fuentes oficiales indicaron ayer que para España 'no supondría un cambio importantes', aunque están a la espera de conocer el proyecto de ley definitivo.
Pero durante el proceso de consulta sobre el texto, el Gobierno francés, por ejemplo, ha señalado que el nuevo cálculo supone, en ese país, un aumento del 20% en las reservas respecto a la obligación actual. El impacto puede ser aún mayor porque la propuesta del comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, incluye otros dos cambios en el régimen de reservas. Por un lado, aspira a aumentar el porcentaje de las reservas de emergencia controladas directamente por el Estado. Y por otro, endurece la posibilidad de alcanzar el nivel de reservas exigido con títulos de opción de compra sobre el petróleo. El sector advierte que las nuevas obligaciones podrían encarecer la gestión de las reservas. En algunos países, incluso pueden surgir problemas logísticos para almacenarlas.