Bruselas plantea una fuerte sanción a España por las ayudas fiscales vascas
La Unión Europea confirmó ayer su intención de llegar hasta el final en el litigio sobre las ayudas fiscales ilegales a las empresas vascas. Bruselas pedirá al Tribunal de Luxemburgo una sanción multimillonaria al Reino de España por cada día transcurrido sin que las empresas devuelvan los subsidios.
Los Presupuestos Generales del Estado parecen condenados a pagar, al menos de entrada, por las ventajas fiscales que disfrutaron ilegalmente varias empresas en el País Vasco durante los años noventa.
La Comisión Europea tiene previsto proponer la próxima semana, concretamente el día 24, sanciones económicas contra España, por no haber recuperado el las ayudas concedidas a empresas por las haciendas forales, cuya ilegalidad fue confirmada por una sentencia del Tribunal europeo en 2006. Cuatro años después de aquel veredicto, la Comisión propone al mismo Tribunal, con sede en Luxemburgo, que imponga una multa, potencialmente millonaria, por cada día transcurrido sin que las empresas hayan devuelto los subsidios.
La imposición de la sanción y su cuantía final dependerá de la apreciación de los jueces europeos. Pero Bruselas confía en que el Tribunal refrende su reciente ofensiva contra la pasividad de los Estados en la recuperación de las ayudas ilegales.
La decisión final está en manos del Tribunal de Luxemburgo
El mes pasado, la CE ya pidió a Luxemburgo que impusiese a España una sanción diaria de 14.343 millones de euros en el caso Magefesa, un expediente de ayudas declaradas ilegales por el Tribunal en 2002.
El expediente vasco también tiene un largo recorrido. Bruselas dio un ultimátum al Gobierno de Rodríguez Zapatero en junio de 2008, cuando la entonces comisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes, dictaminó que "las autoridades españolas aún no han comunicado a la CE que se haya reembolsado el total de la ayuda".
La reclamación de Kroes se refería a la bonificación del 45% que las haciendas forales ofrecieron a finales de los años 1990 a las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas (15 millones de euros).
Actitud de las empresas
Joaquín Almunia, actual comisario de la Competencia, parece decidido a cumplir la exigencia de Kroes ante la presunta pasividad de las autoridades españoles. Sin embargo, fuentes de las tres diputaciones vascas aseguraron que en junio pasado enviaron a Bruselas información abundante sobre la devolución de los subsidios por parte de las empresas. Añadieron que no tienen una confirmación oficial sobre el tema en cuestión.
Medios cercanos a la institución foral guipuzcoana señalaron, incluso, que las sociedades beneficiadas ya han retornado 59 millones. Algunas de las empresas que han reembolsado las ayudas tienen previsto presentar demandas ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al entender que actuaron de buena fe y que pueden verse lesionados sus interés como consecuencia por una decisión ilegal.
Impacto en las cuentas del Gobierno
La ejecución de la medida que pretende solicitar la Comisión Europea al Tribunal de Luxemburgo, de llevarse a cabo, tendría una especial incidencia en las cuentas del Gobierno vasco (en un 70%), de los ayuntamientos ubicados en Euskadi (un 17%) y en la gestión de los recursos de las propias diputaciones forales (el resto). Una posible multa multimillonaria debería ser abonada por el Reino de España pero serían los entes forales los que posteriormente reintegrarían a la Agencia Tributaria el desembolso efectuado, lo que limitaría a estas instituciones su capacidad de gasto. Esta medida se articularía, según aseguran fuentes consultadas, a la hora de negociar el Cupo, el método por el que se fija la contribución de Euskadi a los gastos generales del Estado, como el Ejército, los cuerpos de seguridad o las aduanas, y que se encuentra reglamentado dentro del Concierto Económico. Este sistema de riesgo compartido regula las relaciones tributarias entre las haciendas vascas y la Administración central.