Beteta dice que si caen las transferencias no se garantizará la calidad de los servicios públicos

En declaraciones a los medios, el consejero calificó de "decepcionante" la comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, y se lamentó de que "el Gobierno de la Nación no haya dado ni una cifra" sobre "un modelo de financiación vacío, en el que hay un acuerdo político de fondo para sustentar el tripartito catalán y ajeno a lo que son las necesidades de los ciudadanos".

Así, avisó de que las cifras avanzadas a las comunidades autónomas el pasado 31 de julio sobre las transferencias para el año 2010 pronostican una reducción generalizada, lo que causará la "incapacidad de garantizar el mantenimiento, no ya el incremento, de la calidad de los servicios públicos" como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales precisamente en un momento de crisis económica que hace crecer las necesidades ciudadanas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, se pronostica que el retroceso podrá alcanzar el 23% de las transferencias, lo que se debe sumar a la financiación ya deficitaria a la región debido, según sostiene el Ejecutivo autonómico, a la no consideración en los datos de población de 1,4 millones de ciudadanos.

"El primer problema es que este sistema de financiación es incapaz de garantizar la calidad de los servicios públicos, incumple el principio de suficiencia, que es básico en la prestación de los servicios esenciales, lo que indica que ni la Sanidad, ni la Educación, ni los Servicios Sociales son una prioridad para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero", opinó Beteta.

Además, recordó que "la Constitución dice que las comunidades autónomas tienen que gestionar determinadas competencias y que el Estado debe hacer llegar los recursos precisos para hacerlo", por lo que acusó al Ejecutivo central de "incumplir la lealtad institucional", ya que debería "haber tomado medidas para que, a través de una política económica diferente, España no estuviera en la situación económica tan lamentable" en que está.

"Por tanto, la valoración tan negativa que dio la Comunidad de Madrid en su momento del sistema de financiación no cambia un ápice, sino que estamos más preocupados visto el oscurantismo con el que el Gobierno de la Nación, no sólo ya en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se negó a dar datos, sino que hoy en la sede de la soberanía popular, en el Congreso, tampoco lo ha hecho", criticó el consejero.

Trámites parlamentarios

Es por este motivo que responsables de economía del PP en diferentes comunidades autónomas se han manifestado ya en contra de esta situación, y Beteta ha estado en contacto también con el portavoz de la materia en el Congreso, Cristóbal Montoro, para tratar los siguientes pasos a tomar.

"Pensamos que el Congreso todavía tiene mucho que decir porque el sistema de financiación aprobado tiene que ser recogido en un proyecto de ley que apruebe el Consejo de Ministros para debatir en el Congreso y el Senado, y después irá a las comisiones mixtas, por lo que, en los trámites, todavía existe la posibilidad de que las enmiendas de los grupos parlamentarios cambien este dislate", explicó.

Además, consideró que ni siquiera el Gobierno puede estar satisfecho de la propuesta presentada ya que "es incapaz de asumir o alardear" de en qué medida "los recortes de Zapatero, eje de este sistema de financiación", pueden "beneficiar a los ciudadanos en época de crisis"

"Eso es muy grave y los ciudadanos deben saberlo. Por eso espero que los grupos en el Congreso y el Senado, cuando se presente el oportuno proyecto de ley, hagan las pertinentes enmiendas que garanticen que estos servicios públicos esenciales tengan la adecuada financiación y que permitan que los que tenemos que llevarlos a cabo, las comunidades autónomas, podamos disponer de los medios suficientes para desarrollarlos", apostilló.

Por último, el consejero madrileño avanzó que la Comunidad presentará su proyecto de presupuestos el próximo mes de octubre, "como está establecido por el Estatuto de Autonomía", y que en ellos se "garantizarán los servicios públicos a través de las fórmulas" que se considere más oportunas.

Es decir, que no se cierra la puerta a nuevas colaboraciones público-privadas en determinados ámbitos o incluso a la externalización y privatización. "Pero eso es un asunto que todavía el Gobierno (regional) tendrá que decidir cuáles son los métodos para que este principio esencial, que sin duda se va a cumplir, sea eficiente", zanjó.