Altos funcionarios temen que se abra la puerta al intrusismo
Los altos funcionarios de la Administración General del Estado (del grupo A) rechazaron ayer que el Estatuto del Empleado Público, recientemente aprobado, abra la puerta a que personas de fuera de la carrera funcionarial accedan a puestos directivos de toma de decisiones que afecten al interés general.
El Estatuto del Empleado Público, recientemente publicado en el BOE, y que pretende regular de forma básica el empleo en el sector público, indica que 'el ejercicio de las potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a funcionarios públicos'.
Esto significa que los cargos directivos del sector público que implican toma de decisiones sobre asuntos importantes, como puedan ser los inspectores, los interventores u otros altos cargos directivos del la Administración, estarían limitados a los funcionarios de carrera.
Sin embargo, el texto definitivo del Estatuto, añade algo más, y es que estas atribuciones de las funciones de responsabilidad en el sector público se concretará por parte de las comunidades autónomas 'en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada Administración Pública se establezca'.
El sindicato que agrupa a la mayoría de los altos funcionarios (del grupo A) de la Administración General del Estado, Fedeca, considera que dejar a las comunidades autónomas que desarrollen este punto de la ley, supone abrir la puerta a que estos puestos de responsabilidad sean ocupados por trabajadores de fuera de la carrera funcionarial. Y, con ello, 'se desprofesionalizará' la Administración, aseguró el presidente de Fedeca, Gerardo Sánchez Revenga.
De hecho, en las comunidades estos puestos ya pueden ser ocupados por el personal laboral; y fue precisamente una enmienda de los nacionalistas de CiU, la que forzó al Gobierno a permitir que las comunidades legislen en esta materia.
Esto genera también otra incertidumbre entre los altos funcionarios de Fedeca: el riesgo de que existan 18 modelos de administración pública diferentes, uno para la Administración Central y uno por cada una de las comunidades .
Esto, a su vez, dificultará la movilidad entre las distintas administraciones, una novedad que también prevé el Estatuto del Empleado Público.
Pese a esta queja de Fedeca y dado que la ley ya ha sido aprobada y publicada en el BOE el pasado viernes, 13 de abril, hay pocas probabilidades de enmendar esta situación y sólo quedaría que el Defensor del Pueblo la recurriera ante el Tribunal Constitucional.
Una consultora privada diseña cómo evaluar a los empleados
El Ministerio de Administraciones Públicas está en conversaciones con varias consultoras privadas para elegir una de ellas, que será la encargada de diseñar el modelo de evaluación que se seguirá en la Administración General del Estado para calificar 'la evaluación del desempeño' del puesto de cada empleado público. Esta evaluación es una novedad del Estatuto del Empleado Público y que servirá para impulsar la promoción de los empleados públicos y ligar en mayor medida sus retribuciones al cumplimiento de objetivos. Junto al diseño de este modelo de evaluación, el Gobierno también desarrollará en esta legislatura la figura del personal directivo para la Administración central.