Aguirre ahorra 696 millones con el recorte de empresas públicas
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó ayer el mayor recorte de su estructura de la historia. Eliminará 19 entidades públicas y 83 órganos colegiados que permitirán ahorrar unos 696 millones de euros.
El Gobierno de Esperanza Aguirre no vaciló ayer a la hora de coger las tijeras y suprimió 19 entidades públicas. Desaparecen, entre otros, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), Turismo de Madrid, Promomadrid o Aeropuertos de Madrid, cuyas funciones serán asumidas por diversas consejerías. Entre las entidades suprimidas se incluye la venta al sector privado de las participaciones de la Comunidad de Madrid en empresas como el Centro de Transportes de Coslada o Tecnoalcalá.
El ahorro por la eliminación de entidades públicas y la venta de participaciones empresariales asciende a 600 millones de euros. A esa cifra se deben añadir 23 millones derivados del menor gasto corriente y otros 73 millones por el recorte de liberados sindicales. CC OO y UGT ya han anunciado que llevarán esta decisión a los tribunales. En cualquier caso, el plan de racionalización aprobado ayer junto con las medidas para reducir el peso del sector público que se iniciaron en 2008 ha supuesto un ahorro de 1.730 millones.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó mantener la deducción por adquisición de vivienda en el tramo autonómico del IRPF, beneficio fiscal que el Gobierno central eliminará a partir de 2011 para las rentas superiores a 24.100 euros.
Los madrileños que sobrepasen ese umbral de renta y que se compren una casa a partir de 2011 podrán deducirse un 4,5% de los pagos hipotecarios con un límite de 9.015 euros. Es decir, el ahorro fiscal máximo ascenderá a 446 euros al año. Además, se eleva de 10.000 euros a 30.000 euros el límite de renta familiar para deducirse los gastos de escolaridad, enseñanza de idiomas y adquisición de vestuario escolar.
Un ajuste necesario
Bienvenida la decisión de Aguirre de adelgazar la estructura administrativa y reducir el gasto público. No estaría de más que la iniciativa se replique en el resto de Administraciones, tanto territoriales como estatales, en las que se ha iniciado un debate que no ha pasado del nominalismo. En el caso de Madrid, sin embargo, no es oro todo lo que reluce: una parte de los 696 millones de ahorro sale de la venta de participaciones patrimoniales. Aun así, la reducción de partidas corrientes aportará también un ahorro considerable, que también debería ser replicada en otros pagos territoriales.