Miércoles, 07-01-2009 - Actualizado a las 19:32 h.
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J. F. - Madrid - 12/10/2006
Elena Espinosa adelantó en el Foro Cinco Días que el Ministerio de Agricultura ha adoptado el compromiso de crear un contrato territorial de explotación con los agricultores. Se trata, según explicó la ministra, de una nueva figura legal que busca garantizar la actividad agraria en zonas deprimidas de España.
Esta figura se incluirá en el Anteproyecto de Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural que está elaborando el Gobierno. Fuentes del Ministerio de Agricultura han declarado a este periódico que en las próximas semanas será remitido a Consejo de Ministros. Estas mismas fuentes aclaran que el texto articulado ya está terminado a falta de retoques.
El pasado julio se presentó un documento de intenciones a las asociaciones agrarias con las grandes líneas de la nueva normativa y se comprometieron a remitir en septiembre un texto articulado, algo que, según las mismas fuentes, todavía no se ha producido.
Dentro del Anteproyecto, tal y como resaltó Espinosa ayer, uno de los puntos más destacados es el futuro contrato territorial de explotación. Es una figura inspirada en la legislación francesa que implica un acuerdo o contrato entre las administraciones (central y autonómicas) y los agricultores a través de sus asociaciones territoriales o sectoriales.
Las fuentes ministeriales aclaran que el sistema será territorial y se gestionará desde las comunidades autónomas. Se establecerá una serie de requisitos, según los cuales se determinará una serie de bonificaciones y subvenciones. De esta forma, no todos los agricultores serán amparados por el mismo tipo de contrato, o lo que es lo mismo, no accederán a igual subvención. De hecho, de alguna manera se priorizará las zonas más desabastecidas, pero esto no implica que se produzca la exclusión del resto de los profesionales del campo, según las fuentes del Ministerio.
En el documento que aportó Agricultura a principios de verano se establecen tres categorías. En primer lugar, cita las zonas a revitalizar que incluye a 3.760 municipios de España (48,4% del total de España), que albergan a 4,6 millones de personas (11,3% del total de la población nacional) que acaparan la mitad de la superficie del territorio nacional. En principio, estos son los prioritarios de cara a las futuras subvenciones que se establezcan en los contratos territoriales. En un segundo nivel, incluye 2.380 municipios intermedios (4,8 millones de población) y, por último, los periurbanos, 1.772 municipios y 7,8 millones de habitantes.
El contrato implicaría, por una parte, la elaboración de una radiografía de las explotaciones, diseñada conjuntamente entre propietarios y la administración. En segundo lugar, se determinaría un plan de explotación para varios años en el que se fijaría la viabilidad, actuaciones y orientación para garantizar la supervivencia.
Por su parte, la Administración se comprometería a aportar las ayudas necesarias para llevar a buen puerto el plan. En buena medida, los fondos ya existen y se trataría de reubicarlos.
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