El 88% de altos cargos suprimidos seguirá cobrando del Estado
La reducción de 33 altos cargos tendrá un impacto presupuestario limitado ya que 29 de los empleados públicos destituidos el viernes por el Gobierno son funcionarios de carrera y seguirán cobrando del Estado.
El Plan de Racionalización de la Administración central incluye la eliminación de una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos. El sueldo de un director general ronda los 4.300 euros al mes.
Sin embargo, el ahorro en costes de personal será prácticamente inapreciable, ya que la mayoría de altos cargos que ocupaban los puestos suprimidos son funcionarios de carrera.
Por lo tanto, seguirán cobrando del Estado. El ahorro neto se cifra entre tres y cuatro millones de euros, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que los gastos de personal de la Administración central superarán los 27.500 millones de euros este año.
El ya ex director general de Servicios y Coordinación Territorial, José Luis Borque Ortega, y sus homólogos en Comunicación de la Defensa (Georgina Higueras), en Relaciones Informativas y Sociales (Lourdes Camino) y en Desarrollo de la Sociedad de la Información (David Cierco) son los únicos altos cargos eliminados que nunca pasaron unas oposiciones. Cierco y Borque son economistas mientras que Higueras y Camino proceden del mundo del periodismo.
El resto seguirá de una u otra forma dentro de la Administración Pública. El ex secretario general de Política Territorial, Juan Manuel López Carbajo, es de los pocos que ya conoce su nuevo puesto. Desde ayer, ocupa el cargo de director general de la Agencia Tributaria después de que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, decidiera prescindir de Luis Pedroche. El ex director también seguirá vinculado al sector público ya que será nombrado vocal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Sixto Heredia cambia de aires
Pedroche, como ya avanzó el sábado este periódico, rechazó ocupar la presidencia de Correos. En su lugar, el Gobierno ha elegido a Alberto Lafuente, que desde mayo de 2005 era consejero-director general de Sistemas Técnicos de Loterías del Estado. Sustituye a Sixto Heredia, que pasará a ocupar el puesto de consejero de finanzas en la embajada de España ante Portugal. Los nombramientos se llevarán a cabo mañana.
Más allá de los cambios de cromos, el impacto del plan de racionalización recaerá en la fusión y eliminación de sociedades de titularidad estatal. El tijeretazo en las empresas públicas reducirá el gasto en torno a los 14 millones de euros. Y el recorte de altos cargos elevará el ahorro hasta los 16 millones. En cualquier caso, el propio Gobierno reconoce las limitaciones del plan de racionalización. De hecho, 16 millones de ahorro no parece mucho cuando el déficit público en 2009 superó los 115.000 millones de euros.
La directora general que duró siete días en su puesto
El Consejo de Ministros del 23 de abril nombró a María del Rosario Quesada presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura. A efectos prácticos suponía estar al frente de una dirección general que, una semana más tarde, el mismo Consejo de Ministros eliminó. Así, Quesada sólo pudo disfrutar durante siete días (cinco hábiles) del nuevo rango. Aunque se mantiene como presidenta.Otros destituidos llevaban sólo un año en el puesto. Es el caso de Lourdes Rodríguez, directora general del Centro de Estudios Jurídicos, que fue nombrada en abril de 2009 y, justo doce meses después, el Consejo de Ministros eliminó su departamento.Por otra parte, el director general del Instituto Geológico y Minero de España, José Pedro Calvo Sorando, destaca por ser el alto cargo eliminado que más tiempo llevaba en su puesto. Fue nombrado en julio de 2004, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.