Con esta reforma de la administración municipal, el Gobierno busca ahorrar unos 7.100 millones de euros de aquí a 2015, y fijar la competencia exclusiva e íntegra de sanidad, educación y servicios sociales en las comunidades autónomas para desligarlas con una mayor precisión de las competencias locales.
El texto, sin embargo, ha sufrido importantes cambios desde las pretensiones iniciales apuntadas por el Ejecutivo hace un año, en las que machaconamente insistió que la reforma llevaría aparejada la supresión de al menos el 30% de los ediles y que se limitarían las retribuciones a un máximo de 70.000 euros. La presión de la oposición, en especial del PSOE, y de los propios alcaldes populares representados en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado cambios en esos dos temas: el anteproyecto no contempla que se rebaje el número de concejales y no establece el límite de 70.000 euros, ya que se permite que algunos ediles cobren hasta 100.000.
En el marco de este cambio en la vida municipal se prevé limitar el sueldo de los alcaldes, a través de un baremo que se incluiría en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Así, los alcaldes de poblaciones con más de 500.000 habitantes podrán cobrar lo mismo que un secretario de Estado, es decir, unos 100.000 euros. Los de más de 300.000, un 10% menos, y así sucesivamente en una escala que termina en las poblaciones con entre 1.001 y 2.000 habitantes, que cobrarán el 20% de un secretario de Estado, algo más de 20.000 euros. Los alcaldes de municipios con menos de 1.000 habitantes no cobrarán ningún sueldo.
La norma servirá también para cambiar el régimen retributivo de los concejales, que a partir de ahora no cobrarán cuando compatibilicen su cargo con otro empleo. Eso significará que de los 68.285 ediles que hay en España, solo tendrán sueldo por el cargo que ocupen 12.188 de ellos. También en este caso se establece una escala según la cual, en Madrid y Barcelona habrá 12 y nueve concejales, respectivamente, sobre un total de 57 y 41. Según baja la escala, el porcentaje de concejales que cobran es menor, siendo de solo la mitad en municipios de 35.000 a 50.000 euros y de apenas un 11% (uno de cada nueve) en las poblaciones de entre 1.001 y 2.000 habitantes.
Adicionalmente, el Estado fijará cada año límites al número de empleados que puede tener cada ayuntamiento. El Gobierno prohibirá en la reforma de la administración local la creación de nuevas empresas públicas municipales y las ya existentes tendrán que disolverse, siempre y cuando sean deficitarias y no consigan volver a número negros antes del 31 de diciembre d e2014. El Gobierno remitirá el texto al Consejo de Estado para que emita un informe previo antes de su envío a las Cortes Generales. La tramitación será larga y no culminará, como pronto, hasta finales de 2014.
