Los ingresos de los autónomos puede que no hayan tocado suelo, pero ya se encuentran en los niveles más bajos registrados por la Agencia Tributaria. Los trabajadores por cuenta propia que tributan por el método de estimación directa -cuya base imponible se conforma con los ingresos obtenidos tras descontar los gastos asumidos- declararon en 2010 un rendimiento neto de 10.601 euros, cifra que corresponde al ejercicio fiscal de 2009. La estadística todavía no es la peor parte de la crisis.
Los funcionarios de la Agencia Tributaria fruncen el ceño cuando observan estos datos y piensan en fraude fiscal. El colectivo de autónomos achaca las bajas cifras a la caída de la actividad. De hecho, el número de contribuyentes que declararon por el método de estimación en 2010 se redujo un 2,1% respecto al ejercicio anterior.
La brecha entre lo que tributa un asalariado y un autónomo alcanzó también un nivel nunca visto. El trabajador con nóminas declara, tras aplicarse las reducciones que contempla la legislación, 19.265 euros de media, 8.663 más que un autónomo. Nunca antes se había registrado una diferencia de tal magnitud. Hay que tener en cuenta que los autónomos -a diferencia de los asalariados- pueden reducir su base imponible por los gastos asumidos en el ámbito de su trabajo. Es decir, un asalariado no puede presentar pérdidas a pesar de que su nómina no alcance para cubrir todos sus gastos y deudas.
Por otra parte, unos 578.000 autónomos tributan por el llamado método de estimación objetiva, los conocidos módulos. Para facilitar el trabajo contable, estos contribuyentes no declaran en función de sus beneficios sino a partir de variables como los metros cuadrados de su negocio, el número de empleados o el consumo de electricidad. Por ejemplo, para un bar, se tiene en cuenta el número de mesas o la longitud de la barra.
Los moduleros declararon un rendimiento neto de 10.776 euros, un 2,4% menos que el año anterior. Ciertos negocios, una panadería, una peluquería o empresas de albañilería, entre otras, pueden elegir entre tributar por módulos o en estimación directa.
Esta última opción supone un mayor papeleo pero permite reducir la base imponible con los gastos soportados. En cambio, los que tributan por módulos pagan una cuantía fija en el IRPF con independencia de si obtienen beneficios o pérdidas.
La futura ley contra el fraude fiscal que se aprobará después del verano impedirá aplicar la tributación por módulos a aquellos empresarios que facturan más del 50% a otros empresarios. Con esta medida, que solo se aplicará cuando los rendimientos íntegros sean superiores a 50.000 euros, Hacienda reconoce implícitamente lo que los inspectores fiscales llevan denunciando años. A saber, que el sistema de módulos es un nido de facturas falsas.
Se trata de un fraude relativamente sencillo. Un modulero emite una factura falsa para otros empresarios que tributan en el IRPF por el método de estimación objetiva o el impuesto sobre sociedades. Al que tributa por módulos, esta operación no le supone un sobrecoste fiscal ya que paga impuestos con independencia de sus beneficios. Mientras que los destinatarios de las facturas falsas pueden engrosar su capítulo de gastos y, por lo tanto, reducir su beneficios ficticiamente y pagar menos en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades.
El cambio incluido en la nueva ley de lucha contra el fraude afecta a actividades como la fontanería o la carpintería. Otro objetivo -difícil- de la normativa pasa por acabar con el famoso con IVA o sin IVA. Para ello, también se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en las que al menos una de las partes sea un empresario o profesional. La legislación contempla sanciones que ascienden al 25% del pago en efectivo realizado. Tanto el que paga como el que recibe podrá ser multado. Además, se regula por primera vez la figura del chivato fiscal. Hacienda perdonará la sanción en operaciones con efectivo superiores al límite de los 2.500 euros a la parte que denuncie la infracción.
Más retenciones y promesas por cumplir
El Partido Popular se ganó las simpatías de autónomos y empresarios cuando prometió durante la campaña electoral que permitiría ingresar el IVA de las facturas en el momento de cobrarlas y no, como sucede ahora, cuando se emiten. La elevada morosidad y los largos plazos de pago provocan que los autónomos paguen un IVA a Hacienda que no han cobrado. Ello sucede incluso si el receptor de la factura es la propia Administración, un hecho que enerva al colectivo de autónomos.
Tras la victoria del PP, el Gobierno de Mariano Rajoy se dio cuenta de que cambiar el sistema del IVA no resultaba tan sencillo y, hasta el momento, solo se ha comprometido a permitir pagar el IVA al emitir la factura cuando el receptor sea una Administración Pública, una salvedad que no aparecía en su programa electoral. Sin embargo, antes de aprobar esta medida, el Ejecutivo acaba de elevar con efecto a partir del primero de septiembre la retención en el IRPF para los autónomos del 15% al 21%, porcentaje que descenderá al 19% a partir de 2014. Ello no supone pagar más impuestos, pero implica adelantar dinero a la Administración en un momento en que escasea la liquidez.
