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Quedan 3.900 contratos anteriores a 2009, cuando cambió la norma

El 71,5% de los caseros de la SPA no tiene la renta garantizada cinco años

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) mantiene vivos en la actualidad 13.700 arrendamientos. De ellos, 9.800, o el 71,5%, ya no cuentan con una de las principales ventajas que ofrecía esta entidad a los caseros que alquilaran con ella: el pago garantizado de la renta durante cinco años, estuviese ocupado el piso o no. Son contratos firmados desde enero de 2009, cuando cambió la norma.

El 71,5 de los caseros de la SPA no tiene la renta garantizada cinco
El 71,5 de los caseros de la SPA no tiene la renta garantizada cincoP. MONGE

La crisis económica ha golpeado y de qué manera la gestión de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). La entidad dependiente del Ministerio de Fomento se vio obligada a cambiar en enero de 2009 una de las condiciones que ofrecía a los propietarios que decidieran poner su casa en alquiler con ella. Y es que además de actuar como intermediario entre arrendador e inquilino, la SPA se comprometía con el casero, una vez encontrara arrendatario para su casa, a abonarle la renta pactada durante un plazo de cinco años de forma ininterrumpida, aunque el inquilino decidiera dejar la casa antes de ese plazo.

Se trató entonces de la primera vez que una compañía ofrecía tales ventajas. No solo contactaba con los posibles inquilinos, verificaba su solvencia, se encargaba del papeleo del contrato y se hacía responsable de cobrarles la renta, sino que de posibles casos de impagos o destrozos en la vivienda el casero podía olvidarse. Eso sí, a cambio de percibir como alquiler un precio algo inferior, entre un 10% y un 20%, al que cobraría en el mercado libre sin la intervención de la SPA.

Rotación de los inquilinos

En aquellos momentos, corría el año 2006 ya que la creación de la SPA data de finales de 2005, era un producto único con el que ninguna empresa privada podía competir.

El problema fue que muy poco después, apenas dos años más tarde, comenzaron a detectarse los efectos de la crisis y con ella el incumplimiento de los plazos tras las primeras resoluciones de contratos antes de los cinco años perceptivos. Teniendo en cuenta el escaso margen con que trabajaba la empresa pública, puesto que sus ingresos procedían básicamente de la diferencia entre la renta que pagaba el inquilino (también por debajo de los precios de mercado) y la cantidad acordada a abonar al casero y el presupuesto del entonces Ministerio de Vivienda, mantener el contrato de alquiler garantizado se convirtió en misión imposible.

A partir de enero de 2009 pasó a denominarse alquiler con garantías y, a diferencia del anterior, ya solo asegura a los propietarios el cobro de la renta mientras el inmueble se encuentre ocupado. En cuanto al resto de ventajas que tiene alquilar una vivienda con esta sociedad siguen igual. La intermediación continúa realizándola en exclusiva la SPA, así como la gestión de los impagos y las posibles reclamaciones de los propietarios en caso de daños en la vivienda.

¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuántos contratos antiguos quedan y cuántos se han suscrito bajo las nuevas condiciones?

Fuentes oficiales de la entidad explican a CincoDías que en la actualidad la SPA gestiona 13.700 contratos con propietarios. De ese total, 3.900 corresponde a alquileres garantizados, es decir, son los firmados con anterioridad a 2009, y el resto, esos 9.800, son ya arrendamientos nuevos que se rigen bajo el régimen de alquiler con garantías, el 71,5% del total. Es decir, que con estas cifras se puede concluir que en poco más de dos años y medio desde que se cambiaron las condiciones de los contratos se ha producido un elevado grado de rotación de los inmuebles. Es más, el 50% de las casas que ha gestionado la SPA ha contado ya con dos inquilinos, mientras que el 34,2% continúa manteniendo al mismo arrendatario que en el primer contrato, subrayan estas fuentes.

La crisis económica explica buena parte de esta rotación, ya que muchos inquilinos que han perdido su empleo han tenido que dejar la vivienda antes que caer en una situación de impago.

De los 3.900 contratos que aún tienen garantizado el cobro de la renta durante cinco años, hasta que el inquilino no decida finalizar el alquiler, no tienen por qué variar sus condiciones, si bien 82 podrían desocuparse este año, puesto que cumplen esos cinco años. También, se puede pactar una prórroga.

La morosidad se reduce del 10% al 3%

Otro de los aspectos clave cuya gestión se ha ido modificando según avanzaba el tiempo es la morosidad. Al comienzo de la andadura de esta sociedad, los impagos llegaron a superar con holgura el 10%, al tiempo que se detectaron sonados casos de intento de fraude. Estos estuvieron protagonizados por propietarios de viviendas vacías que contactaban con la entidad pública sugiriendo al mismo tiempo qué inquilinos podían estar interesados en arrendar su casa.Precisamente el hecho de tener garantizado por un periodo de cinco años el cobro de la renta había suscitado estos acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, quienes luego abandonaban la casa antes de concluir los cinco años sabedores de que sus caseros-cómplices no dejaban de percibir el alquiler.Una mejora en la gestión de los estudios previos de solvencia de los potenciales inquilinos y el inicio de procesos negociadores cuando un arrendatario comunica que no puede pagar el recibo mensual ha permitido reducir esa mora del 10% al 3%, más acorde con lo que se espera de una empresa profesional gestora de arrendamientos.En cuanto al futuro que le espera a esta entidad, el PP ha advertido que si gobierna, la cerrará, aunque los contratos en vigor deberán mantenerse, según recuerda el presidente del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Jaime Cabrero. Precisamente este colectivo, el de los apis, participó en el diseño de cómo debía ser la SPA en 2005, "aunque poco después y de manera progresiva se fueron retirando y ya casi no colaboramos con ellos", añade Cabrero. Precisamente la falta de medios económicos y humanos es otro de los hándicap a los que ha tenido que adaptarse la entidad.

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