Los hogares españoles se preparan para encarar a partir de septiembre el peor año de la crisis. Sí, sí, han leído bien, con casi toda seguridad se avecinan los peores 12 meses de la historia reciente de España en términos económicos. ¿Por qué? No hay una sola causa que permita aventurar tan negro porvenir, es la conjunción de varios factores.
Teniendo en cuenta que el 60% del PIB lo representa el consumo, este se convierte en el principal motor de la economía, por lo que una merma de la renta disponible de los hogares se traduce casi de forma mimética en menos gasto, menos demanda interna y, por ende, en menor crecimiento. De 2008 hasta aquí los hogares han perdido renta sobre todo vía destrucción de empleo y menor incremento salarial. Desde hace siete meses a esa merma se le suma la que viene vía impuestos. He aquí la crónica de lo que les espera a las familias.
Primero, las cifras oficiales avanzan que la destrucción de empleo no se está conteniendo, más bien lo contrario. Luego, a más parados, mayor deterioro de la renta de los asalariados. En un hogar donde ya exista una persona en desempleo, las perspectivas a corto plazo son mayoritariamente de continuar así. Si en esa misma familia otro de los ocupados perdiera su trabajo, la situación se agrava sobremanera.
Segundo, porque cada día son más las empresas que ante la disyuntiva de despedir, ofrecen a sus trabajadores como alternativa dramáticas reducciones de salarios, si bien las estadísticas oficiales todavía arrojan subidas medias del 1,7%. También entonces se pierde renta, aunque se conserve el empleo.
Y tercero y definitivo, porque a partir de septiembre las familias comenzarán ya a percibir todos los ajustes que se han ido aprobando en los últimos siete meses. Al incremento del IRPF y del IBI o los impuestos que gravan el alcohol y el tabaco se les sumará la subida del IVA, la mayor aplicada nunca en España. Y los funcionarios y el resto de empleados públicos verán reducido su sueldo en un promedio del 7% al dejar de percibir la paga extra de Navidad. Conclusión: las familias tendrán que hacer frente a todas sus obligaciones (consumo, impuestos, gastos corrientes y deudas, entre otros) con mucho menos. En concreto, con unos 40.907 millones de euros menos al año.
Los últimos datos de la Contabilidad Nacional ya dan idea de los estragos que ha causado la crisis hasta ahora. Si la renta de los asalariados se mantuviera inalterable en la segunda mitad de este año (cosa harto improbable), a finales de 2012 bajará de los 500.000 millones de euros por primera vez desde 2006. Así, desde el máximo alcanzado por esta variable, en 2008, justo antes del estallido de la crisis, los asalariados han perdido hasta el primer trimestre de este ejercicio casi 47.000 millones de euros, en concreto 46.966. Ahora la pérdida que se espera es casi igual, pero solo en un año, porque mientras en dicho periodo el descenso vino básicamente por la destrucción de empleo, ya que solo se modificó el IVA en 2010, ahora el ajuste vía fiscal es de mucho mayor calado.
DESEMPLEO.
¿De dónde sale, por tanto, esa cifra de los 40.907 millones menos de renta? No es sencillo calcularlo porque además de los salarios, los hogares obtienen otro tipo de rentas, como las procedentes del capital, pensiones, prestaciones, subvenciones públicas y rendimientos de alquileres. Según el Banco de España, la riqueza financiera neta de las familias -diferencia entre los ahorros y préstamos- se redujo un 4% en 2011 y otro 4,2% disminuyó la riqueza inmobiliaria por la depreciación de las viviendas. Ambas pérdidas generan el conocido efecto pobreza, determinante a la hora de adoptar decisiones de consumo de los hogares, pero muy complicado de cuantificar. No en vano, el cuadro macro que acaba de publicar el Ejecutivo estima que el consumo final privado descenderá un 1,5% este año y todavía otro 1,4% el que viene.
Lo que sí puede estimarse, al menos, es la pérdida que soportarán las familias vía salarios e impuestos. El Gobierno estimó al presentar los presupuestos que este año se perderán 600.000 empleos, lo que significaría un descenso del 3%. Pero lo cierto es que la encuesta de población activa del segundo trimestre revela que la destrucción de empleo hasta junio fue del 4,8%. Si se aplica un recorte de esa cuantía a los 501.573 millones de renta salarial que obtuvieron los trabajadores en 2011, da como resultado una pérdida de 24.075 millones.
SALARIOS.
Los salarios apenas suben, si bien la estadística que registra los incrementos pactados en convenio todavía habla de alzas del 1,7% (lejos del acuerdo suscrito entre patronal y sindicatos a primeros de año para que las revalorizaciones de sueldos fuesen del 0,5%). Aunque los acuerdos pactados con esos aumentos estén siendo meramente testimoniales, debe tomarse esa cifra del 1,7% como la ganancia media que estarían consiguiendo las rentas salariales, es decir, 8.526 millones más.
INFLACIÓN.
La inflación resta en estos momentos un 2% de valor a esas remuneraciones. En términos absolutos otros 10.031 millones. Con estas tres variables el resultado total es que las familias perderán en un año 25.580 millones de renta salarial (cifra que se obtiene al restar a los 24.075 millones de pérdida por la destrucción de empleo los 8.526 millones procedentes de los incrementos salariales y el efecto de la inflación, esos 10.031 millones).
No obstante, no toda la pérdida de empleo se traduce en disminución de rentas, ya que los parados reciben indemnizaciones por despido y prestaciones y subsidios, según lo que hayan cotizado. Por ello, si se confirmara ese descenso de 600.000 puestos de trabajo y teniendo en cuenta que la prestación media del Inem es de 854 euros mensuales, ese colectivo recibiría rentas de 6.148 millones. La pérdida neta por destrucción de empleo alcanzaría los 19.432 millones (25.580 millones menos los 6.148 de prestaciones por desempleo).
FISCALIDAD.
Pero es que además de esta merma de la renta real vía salarios y destrucción de empleo, los hogares llevan ya desde enero afrontando los efectos que sobre su economía tienen las subidas decretadas en el principal impuesto directo, el IRPF, el aumento de la fiscalidad sobre los rendimientos del capital y el alza del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
Solo estas tres subidas están suponiendo un sobreesfuerzo para las familias de unos 6.275 millones al año, según cuantificó Hacienda. Recopilando: por pérdida de empleo y primeras subidas de impuestos los hogares acumulan una pérdida de rentas de 25.707 millones. Y la puntilla vendrá a partir del 1 de septiembre cuando entren en vigor los nuevos tipos del IVA, el principal impuesto indirecto. El gravamen general pasa del 18% al 21% y el tipo reducido del 8% al 10%. En total, 10.000 millones más de recaudación para las arcas públicas en un año, recursos que se detraerán básicamente de las familias y ya son 35.707 millones menos.
Los funcionarios ya fueron objetivo de los recortes en tiempos del Gobierno socialista, que decretó una rebaja de sus salarios del 5% en 2010 y congelación en 2011. Ahora, la supresión de la extra de Navidad supone de media una pérdida del 7% de sus ingresos y unos 5.200 millones menos en términos agregados. Sumados a las cifras anteriores da la cifra final de 40.907 millones. Si dividimos esa cantidad por los 13,02 millones de hogares donde existe al menos un activo, da como resultado un impacto por familia de 3.139 euros al año, cantidad nada despreciable.
BOLSA Y DIVIDENDOS.
Hasta aquí las pérdidas que son cuantificables, aunque sea de forma aproximada, por la acción de los planes de ajuste del Gobierno y la crisis. No obstante, hay que tener en cuenta que la recesión está pasando factura también a los ingresos de los hogares que, por ejemplo, tienen acciones en Bolsa, cuyo valor ha caído en lo que va de año un 21% o que cuentan con participaciones de empresas que han decidido recortar o suspender el pago de dividendos. En términos agregados esto puede suponer otro mordisco importante a las finanzas de las familias, aunque difícilmente medible. Quizás la única buena noticia para las familias con hipoteca sea este año la tendencia bajista en la que parece instalado el euríbor, que ha llegado a caer por debajo del 1%, pero no hay más.
El Gobierno espera que las reformas emprendidas rompan a medio plazo esta espiral y la recuperación del empleo lleve pareja la mejora del consumo y la actividad, claves para poder ver la luz al final del túnel.
La recesión obliga a Montoro a 'tocar' todos los grandes tributos
-IRPF E IBI: Apenas una semana después de formar Gobierno, el segundo Consejo de Ministros de la legislatura aprobó el Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre. La Intervención General del Estado reveló entonces que el déficit de 2011 se había desviado al 8%, dos puntos más sobre lo previsto. Para corregir esta situación, el Gobierno aprobó una reducción del gasto público de 8.900 millones y medidas para elevar los ingresos en otros 6.275 millones. Se aprobó un recargo en el IBI para 2012 y 2013, así como un gravamen adicional en el IRPF de entre el 0,75% y el 7% en función de la renta. Se decretó un recargo adicional de entre dos y seis puntos para las rentas de capital.
-SOCIEDADES. El 30 de marzo el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-Ley 12/2012, que supone un segundo ajuste. Eleva la presión fiscal para las grandes empresas. Se reforma la tributación por sociedades para elevar los ingresos en 5.350 millones mediante el diferimiento de los beneficios fiscales y la limitación a las bonificaciones en los gastos financieros, y se aprueba una amnistía fiscal para recaudar 2.500 millones. El conjunto de las medidas tributarias del 30 de diciembre y del 30 de marzo prevén elevar la recaudación en 2012 en 12.314 millones.
-PRESUPUESTOS.
El 3 de abril el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presenta en el Congreso el proyecto de Presupuestos para este ejercicio, que incluyen ya un ajuste global de 27.300 millones fruto de las medidas adoptadas hasta entonces y un recorte en el gasto de los ministerios de casi el 17%. El departamento más afectado es Exteriores, debido a la reducción de un 54,4% en el capítulo de Cooperación.
-COPAGO.
Apenas una semana después de presentar los Presupuestos en el Congreso y en plena Semana Santa, el Gobierno anuncia a través de una nota de prensa reformas legislativas para que las comunidades ahorren 10.000 millones más en sanidad y educación. Se reparten en 7.000 y 3.000 millones, respectivamente. En el ámbito sanitario, la medida de ahorro más importante es que se incrementan las aportaciones de los pacientes al precio final de los medicamentos. Los que ganen entre el mínimo declarable y 100.000 euros pasarán a pagar el 50% del fármaco, mientras que los pensionistas pagarán por primera vez los fármacos con límites mensuales de 8 o 18 euros en función de sus ingresos. En educación, se incrementa la ratio de alumnos por clase y se faculta a las regiones para que suban las tasas universitarias.
IVA.
El 11 de julio Mariano Rajoy anuncia un nuevo ajuste de 65.000 millones hasta 2014, con otro recorte del gasto y nuevas subidas de impuestos. Se elimina la paga de Navidad a los funcionarios, al tiempo que el tipo general del IVA pasa del 18% al 21%, mientras que el reducido sube del 8% al 10% a partir del próximo 1 de septiembre. Hacienda recaudará 10.000 millones al año. Para 2012, la previsión es 2.300. En un ejercicio completo, por cada punto de subida del tipo general se ingresarán 2.000 millones, y 1.500 millones por cada punto en el reducido. Habrá productos que pasen también de tributar al tipo superreducido al reducido o al general. La deducción por vivienda queda suprimida. Además, se reduce la cuantía de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes al minorarse del 60% al 50% la base reguladora para los nuevos perceptores. En el ámbito de la Administración, Rajoy anunció una reducción del número de concejales del 30%.
