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Hacienda retendrá el 50% de las entregas a los consistorios que no aclararon cómo saldarán su deuda con proveedores

2.319 municipios se quedarán sin la mitad de los ingresos del Estado

Los proveedores, representados a través de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, alertaron a primera hora de la mañana de ayer sobre las dudas que persistían sobre cómo iban a abonar las facturas impagadas aquellos municipios que no han presentado plan de ajuste o cuyos recortes no han recibido el visto bueno de Hacienda. Consciente de la necesidad de aplacar dudas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, concretó horas después que Hacienda retendrá el 50% de la participación en los ingresos del Estado. "Se trata de 2.004 consistorios que no han elaborado el plan y de otros 315 que obtuvieron una valoración negativa", aseguró en una conferencia en el Instituto de Empresa.

Estas transferencias son la principal fuente de financiación de los ayuntamientos y la medida supone un quebranto económico para un gran número de consistorios, que verán retenida la mitad de las aportaciones del Estado durante muchos años. Es el caso, por ejemplo, de la Línea de la Concepción (Cádiz), que ha presentado facturas por valor de 61 millones. Este consistorio, cuyo plan de ajuste ha sido rechazado, recibe una aportación mensual de 1,25 millones, por lo que verá mermada a la mitad su participación en los ingresos del Estado durante los próximos ocho años. Dicho en otras palabras, que este consistorio no recibirá la mitad de la aportación del Estado hasta junio de 2020. Pero en este municipio de 70.000 habitantes se une la acumulación de deuda con proveedores y con el Estado central. De hecho, Hacienda ya está practicando retenciones sobre el 100% de las entregas a cuenta para saldar la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social al menos desde enero de 2011.

Beteta también se defendió ayer de las acusaciones del alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero, quien criticó al Ejecutivo por imponer un tipo superior al 5% pactado en principio. "No ha cumplido su palabra y ese nuevo tipo, del 6%, pone en serias dificultades a algunos municipios". El secretario de Estado de Administraciones Públicas lo defendió "como el mejor posible" y dijo que el tipo efectivo se ha situado en la horquilla prevista por Hacienda. "Nos hemos acercado mucho al 6%, pero está entre el 5% y 6%", defendió. "El alcalde que dice eso incurre en irresponsabilidad severa porque su obligación era haber pagado ya", recalcó.

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