Las crisis financiera e inmobiliaria, y sus consecuencias, han dejado entrever problemas estructurales en la economía española y la necesidad urgente de gestar un nuevo proyecto de país, para evitar males mayores, según explicó Ramón Tamames en la presentación de este libro, donde compartió mesa con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Este es un volumen, pues, en el que se trasciende al mero análisis de la situación para lanzar propuestas concretas de cara al futuro de España.
De hecho, el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, una de las voces que no necesita presentación en el panorama de los estudios macro en España, plantea esta obra en dos partes claras. La primera es de recapitulación, en la que de alguna forma actualiza su trabajo previo en esta misma editorial, ¿Cuándo y cómo acabará la crisis?, aunque centrándose en el impacto de la deuda soberana en la evolución específica de la crisis en el sur de Europa y llevando el análisis de los acontecimientos hasta el mismo antes de ayer: ya recoge una valoración de las primeras medidas del Gobierno Rajoy.
Es la segunda la que realmente abre el melón de la polémica con las reflexiones de Tamames, que lleva lejos la idea de aprovechar los periodos de crisis como épocas propicias para afrontar cambios con los que definir el futuro posterior.
Buena parte de las propuestas de Tamames corresponden a la ortodoxia conservadora, llevando las actuales medidas reformistas a su siguiente estadio: eliminación de los contratos indefinidos, reducción de las indemnizaciones por despido, extensión del copago sanitario, aplazamiento de la edad de jubilación a los 70 años, suspensión de las prestaciones de desempleo por el rechazo de cualquier oferta de trabajo, instauración de la figura de los minijobs... Y, en líneas generales, fin de lo que califica como restos de la "protección heteronómica" a los trabajadores que sobreviven de la legislación franquista, como medio para facilitar la creación de empleo.
En cuanto a las entidades financieras, es partidario de mantener el gasto para conseguir su saneamiento, y apuesta por la creación de bancos malos con el fin de apartar los conceptos problemáticos de los balances.
Respecto a las Administraciones públicas, insiste en la necesidad de recortar las atribuciones a las comunidades autónomas, eliminando la financiación propia del País Vasco y negándola a Cataluña. Otros argumentos son la eliminación de la subvenciones a sindicatos y patronal, la lucha contra la corrupción o la venta del oro del Banco de España para pagar la deuda.
