Un camino largo, tortuoso, difícil, pero, sobre todo, desconocido. La industria financiera permanece en vilo ante una inminente reconversión que marcará un antes y un después en su historia. Algunos trazos del documento que moldeará el gremio han sido desvelados, pero el resultado definitivo no se conocerá hasta el próximo fin de semana.
Europa está dispuesta a reflotar la vapuleada banca española con una inyección de hasta 100.000 millones de euros. Ese dinero debe servir para apuntalar las entidades debilitadas pero con futuro, y liquidar aquellas que carecen de viabilidad. El Ejecutivo español negocia hasta el último minuto el contenido del decreto que incorporará a la legislación nacional los términos del Memorando de Entendimiento (MoU, en inglés), el documento que fija las condiciones del rescate del sistema financiero nacional. Su interlocutora es la llamada troika, compuesta por representantes de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta semana se lanzó un globo sonda a la opinión pública. La prensa divulgó un borrador del real decreto de reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito. Pero el escrito contestaba tantas preguntas como incógnitas dejaba sin resolver.
En el sector financiero ha resultado llamativo que el documento aireado no desvela las claves del llamado banco malo, la piedra angular del saneamiento sectorial. Este instrumento tiene por objeto liberar a los bancos españoles de aquellos activos que cargan sus balances. La lógica dicta que, si las entidades de crédito se desprenden de ese lastre estarán en situación de volver a dar créditos a empresas y familias, y se producirá la ansiada recuperación económica de un país sumido en una crisis desde hace cuatro años. ¿Pero cómo será ese banco malo?
La primera duda que surge entre los banqueros es qué activos se deberán traspasar a este instrumento. ¿Recibirá solo activos adjudicados? Y en tal caso, ¿cuáles? Los impagos de créditos por parte de sus clientes -especialmente frecuentes entre los promotores inmobiliarios- han provocado que los bancos se hayan convertido en propietarios de una miríada de solares, promociones a medio terminar, fases de viviendas vacías, además de naves industriales y locales comerciales. ¿Aceptará el banco malo todos estos bienes de naturaleza inmobiliaria? ¿Y qué ocurrirá con los préstamos problemáticos, como los dudosos y subestándar? ¿Permanecerán en los balances de los bancos o se podrán traspasar?
Varios expertos del sector coinciden en que la clave del saneamiento serán los criterios de valoración de los activos que reciba el banco malo. En esta labor existe un referente cercano: el caso de Irlanda. Cuando tuvo que rescatar su banca y constituir un instrumento de gestión de activos, Dublín decidió valorar con carácter individual cada inmueble que traspasaban las entidades financieras. Esa minuciosidad hizo que se tardase dos años en transmitir toda la cartera de activos.
Fuentes bancarias españolas explican que el Gobierno que encabeza Mariano Rajoy preferirá simplificar el trámite y abreviar así todo el proceso. Para ello podría utilizar las valoraciones en bloque que se están realizando con las auditoras de la banca a la hora de tasar los activos que sean transferidos al banco malo. El resultado de los trabajos de Deloitte, KPMG, Ernst & Young y PwC se conocerá a mediados de septiembre.
El MoU exige que las entidades bajo el control del Estado deben transmitir todos sus activos inmobiliarios. Y en esa línea el borrador del decreto sobre resolución de crisis bancarias otorga al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la potestad de decidir qué activos se traspasan y cuáles no.
En el proceso de desconsolidación de activos problemáticos existe un conflicto de intereses. A los bancos españoles les conviene que la valoración sea lo más elevada posible para minimizar las pérdidas que el proceso les generará. En cambio, a Europa -que es la pagana de todo este asunto- le interesa abaratar al máximo dichos bienes. La operación entra entonces en un bucle perverso, puesto que en tal caso los bancos necesitarán más dinero en ayudas.
En un mundo ideal, la intención de las autoridades españolas sería abrir la puerta del banco malo a grandes inversores institucionales. Fondos de inversión, hedge funds y demás actores internacionales podrían estar interesados en convertirse en accionistas de este instrumento en la confianza de que el hoy renqueante mercado inmobiliario se recuperará y podrán cosechar importantes ganancias con la venta de unos activos que hoy se valoren a precio de saldo. Pero para que el vehículo resulte atractivo los bancos españoles deben sufrir.
Otra incógnita que queda por dilucidar es quién se hará cargo de la gestión del banco malo. El Estado puede nombrar un administrador como responsable del vehículo. Su otra alternativa es delegar el día a día del banco malo en manos de un experto privado. Esta opción resulta especialmente atractiva para las gestoras de activos de los grandes bancos de inversión así como otros expertos inmobiliarios, que ingresarían unas comisiones relevantes dada la magnitud de la tarea encomendada.
Abierto queda también si se impone un calendario de venta de activos al banco malo. El segundo decreto de saneamiento (18/2012) promovido por el ministro de Economía, Luis de Guindos, establecía que las sociedades de gestión deberían vender cada año un 5% de sus activos. En contraste, el borrador del decreto de reestructuración no hace referencia a exigencias de este tipo.
Este rosario de cuestiones son algunos de los temas que, en estos días, deberá concretar el Gobierno español con sus interlocutores de la troika. Soraya Sáenz de Santamaría explicó en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes que la UE ha solicitado una semana más para analizar con detalle el real decreto. El documento estará listo el próximo 31 de agosto. La vicepresidenta del Gobierno especificó que este texto "tiene por objetivo cumplir con lo pactado en el MoU". A su juicio, es "lógico que si Europa pone el dinero para reflotar las entidades participe en el diseño del sistema de resolución de crisis bancarias". Y descartó que el retraso en la publicación del decreto, que estaba previsto para estos días, se deba a "discrepancias" entre Madrid y la troika.
Durante su intervención, Sáenz de Santamaría negó igualmente que el Gobierno tenga intención de solicitar ayuda para cumplir con los compromisos de la deuda pública e insistió en que el rescate quedará acotado al sector financiero. Unas horas antes se había pronunciado en la misma línea Simon O'Connor. El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la CE explicó que "hay un memorando acordado con España para recibir la ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) destinada a recapitalizar el sector bancario". Y luego añadía que "no se ha recibido ninguna petición de España para ningún otro tipo de asistencia financiera y no esperamos una solicitud de ese tipo a corto plazo", en referencia a un eventual rescate de las arcas públicas hispanas.
Las dudas en torno a la solvencia de España llevaron a la prima de riesgo a máximos a finales de julio, cuando el diferencial sobre el bono alemán alcanzó los 638 puntos básicos. Desde entonces, esta magnitud que mide el precio que paga el Estado por emitir deuda ha ido menguando. En este proceso ha sido fundamental la creencia de que el BCE acudirá al rescate de España e Italia a través de compras de deuda. Su presidente, Mario Draghi, insistió a principios de agosto que antes de dar un paso así es imperativo que el país en apuros solicite formalmente el rescate, para pactar las contrapartidas (recortes del gasto público y de la Administración).
La vicepresidenta española apuntó el viernes que España considera prioritario que Europa avance por la senda de la integración fiscal y bancaria. Con este objetivo en mente, Mariano Rajoy iniciará la próxima semana una ofensiva diplomática que se prolongará hasta octubre. El presidente del Gobierno se entrevistará con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy; el presidente de Francia, François Hollande; y la canciller alemana, Angela Merkel.
Esta semana, Hollande instó a acelerar el rescate español y avanzar en el proceso de integración financiera en Europa. "Tenemos que aplicar las decisiones de junio, especialmente en el plano bancario, para ayudar a países como España", indicó el mandatario galo en una intervención en Berlín en compañía de Angela Merkel. El calendario fijado por el MoU establece que los bancos españoles reciban el dinero europeo entre octubre y diciembre. Se avecinan, pues, meses de vértigo para la banca española bajo la sombra del posible rescate del Tesoro público.
