La gestión de las cajas de ahorros, al banquillo

Las irregularidades en la gestión en las cajas de ahorros están en manos de los tribunales. La intervención o nacionalización de una quincena de entidades ha desencadenado una cascada de denuncias, tanto por el cobro de indemnizaciones millonarias por parte de exdirectivos, como por la comercialización fraudulenta de productos financieros. La máxima expresión de todos los procesos abiertos es el planteado el pasado miércoles contra 33 exconsejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre los que se encuentra el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. En la querella, presentada por el partido UPyD y admitida a trámite por la Audiencia Nacional, se denuncia la comisión de delitos de estafa, administración desleal, falsificación de las cuentas anuales, apropiación indebida y manipulación para alterar el precio de las cosas.

Los juristas consultados tienen serias dudas de que los procesos abiertos puedan llegar a desembocar en condenas penales, pero su repercusión en términos políticos, y en el descrédito generalizado del sector de cajas, será evidente.

Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar posibles irregularidades en una decena de cajas: Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Duero, Caja España, Caixa Penedès, Caja Mediterráneo, Caja Castilla La Mancha (CCM)...

Este último caso es el que más avanzado está en términos judiciales. El expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y otros consejeros y directivos fueron sancionados por el Banco de España por su mala gestión al frente de CCM. En diciembre de 2010, se inició un procedimiento judicial en la Audiencia Nacional, que aún no ha concluido. En uno de los últimos giros del juicio, la fiscalía reconoció que ni Moltó, ni el ex director general, Ildefonso Ortega, se habían enriquecido por la gestión.

"Dependerá de cada caso, pero en general va a ser difícil que las acusaciones puedan demostrar que ha habido dolo en la actuación de los directivos", explica un abogado que lleva procesos penales en la Audiencia Nacional.

Los dos casos que más alarma social causaron fueron los de Caja Mediterráneo y Novagalicia. En ambos se está investigando si algunos de sus directivos se concedieron generosos sueldos, indemnizaciones y pensiones, pocos meses antes de que sus respectivas entidades fueran intervenidas o nacionalizadas.

Otro de los aspectos penales que tiene mayores visos de prosperar es la comercialización de participaciones preferentes de forma irregular, entre clientes que no entendían la complejidad del producto.

Novacaixagalicia. 30 millones en indemnizaciones y el escándalo de las preferentes

Novacaixagalicia ejemplifica los graves problemas que pueden aparecer al mezclar política y finanzas. El proyecto de fusionar las dos cajas regionales, Caixa Galicia y Caixanova, fue apadrinado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La combinación de dos directos competidores obligó a realizar un alambicado ejercicio de reparto de funciones directivas y de sedes corporativas.

Con el deterioro de la situación económica, el proyecto se vio desbordado, lo que forzó el relevo de sus gestores. Entre cuatro altos cargos (José Luis Pego, Gregorio González Gorriarán, âscar Rodríguez Estrada y Javier García De Paredes), se repartieron 30 millones de euros entre indemnizaciones y pensiones, a pesar de que a los pocos meses la entidad tuvo que ser nacionalizada y recibir varios miles de millones de euros de dinero público.

-Fiscalía anticorrupción. El clamor popular que surgió tras hacerse públicas las indemnizaciones cobradas por los directivos provocó que la Fiscalía Anticorrupción decidiera tomar cartas en el asunto. Hace dos semanas, decidió presentar una querella ante la Audiencia Nacional contra estos exdirectivos, argumentando que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica" de la caja, en referencia al aumento de las retribuciones que se aprobó durante la fusión a espaldas del consejo y del Banco de España. El entonces presidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso, también ha sido incluido en la querella al considerado último responsable.

-Preferentes. Además del escándalo de las indemnizaciones millonarias, la fiscalía ha demandado a la entidad por la comercialización fraudulenta de preferentes, donde le pide que deposite una fianza de 1.108 millones.

Caja Mediterráneo-CAM. La pensión millonaria de Amorós y la venta de cuotas participativas

El caso de Caja Mediterráneo (CAM), fue el primero en el que se empezó a atisbar que la gestión de las cajas de ahorros podía saltar de la imprudencia al dolo. La entidad fue intervenida hace un año, y posteriormente adjudicada en subasta a Banco Sabadell, con una importante subvención económica. Unos meses después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recapitalizara la entidad financiera, comenzaron a hacerse públicos los lucrativos contratos firmados por varios de sus directivos cuando la caja ya estaba al borde del abismo.

María Dolores Amorós, directora general en el momento de la intervención, cobraba un sueldo anual de 600.000 euros y, además, pactó una pensión vitalicia por 370.000 euros anuales.

-El juicio. Cuando el Banco de España retiró a Amorós de su cargo por despido disciplinario, la exdirectiva emprendió acciones legales para reclamar su pensión. El juzgado dio la razón al Banco de España y dejó a Amorós sin indemnización ni pensión.

-La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación para valorar si Amorós pudo haber cometido algún delito al pactar su remuneración y la generosa pensión vitalicia. Además, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la plataforma de afectados de Caja Mediterráneo contra una decena de directivos de la entidad, incluido el anterior director general, Roberto López y el expresidente, Modesto Crespo. Los afectados son, fundamentalmente, clientes que invirtieron en cuotas participativas.

CCM. Sus gestores aún no han sido juzgados, tres años después de ser intervenida

Cuando el Banco de España decretó la intervención de Caja Castilla La Mancha (CCM), el futuro del sector ya estaba escrito, aunque pocos lo querían reconocer. Tres años después de que el supervisor apartara a los gestores de la entidad, la recapitalizara y la vendiera en subasta pública (a Cajastur, ahora en Liberbank), la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la caja aún sigue en pleno proceso judicial. El coste máximo del rescate de esta entidad se podría elevar a 4.100 millones de euros, costeados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

-Iniciada en 2010. La causa contra los exdirectivos de la caja castellanomanchega se inició en diciembre de 2010. El Banco de España ya impuso a varios de los exconsejeros y directivos sanciones administrativas, pero la mayor parte de los implicados la han recurrido.

-Créditos polémicos. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha pedido al Banco de España un dictamen sobre una serie de créditos polémicos concedidos por CCM a Luis Portillo, Luis Delso, la familia Fermoselle, Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco, por un importe total de 400 millones de euros.

-Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción ha concluido que el expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, no se enriquecieron personalmente durante su gestión al frente de la caja manchega. En un escrito enviado al juez, la fiscalía concluye que "después de la investigación efectuada por la Guardia Civil, no se han detectado indicios de patrimonio oculto respecto de ninguno de los dos imputados".

Caixa Penedès. Investigación sobre los planes de pensiones

Caixa Penedès, integrada ahora en grupo BMN, también está siendo objeto de una investigación por las indemnizaciones que recibieron algunos de sus directivos y que, en conjunto, superan los 20 millones de euros. Estos profesionales son el ex director general (Ricard Pagès), el ex director general (Joan Caellas), el ex director general (Manuel Troyano) y el ex director de recursos humanos (Jaume Jorba). Las indagaciones las comenzó la Fiscalía Superior de Cataluña y después tomó el testigo la Fiscalía Anticorrupción. De la cantidad señalada, Ricard Pagès habría recibido cerca de 11 millones.

-Posición de BMN. El consejo del grupo Banco Mare Nostrum -donde está integrada Caixa Penedès, junto a Cajamurcia, Caja Granada y Sa Nostra- ha exigido a los cuatro exdirectivos investigados la devolución de los más de 20 millones que tenían en pensiones depositadas en otra entidad. De todas las entidades con problemas legales, BMN es la única que no ha sido intervenida ni nacionalizada, aunque sí que ha recibido un préstamo del FROB por importe de 916 millones, y podría tener problemas para continuar siendo independiente.

Bankia. La Audiencia Nacional imputa a 33 exconsejeros de la entidad

La admisión a trámite de la querella interpuesta por UPyD contra 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA ha provocado un fuerte terremoto en amplios círculos políticos y financieros de Madrid y Valencia. El segundo grupo financiero español, producto de la fusión de siete cajas (entre las que estaban Caja Madrid y Bancaja), fue bendecido por todas las autoridades políticas y supervisoras, tanto en su constitución, como en su decisión de salir a Bolsa. Su nacionalización y la solicitud de 19.000 millones de capital, ha revelado los fallos de diseño del grupo.

-El juicio será uno de los más relevantes de la historia de España. No solo por las miles de personas afectadas (entre accionistas, empleados y tenedores de participaciones preferentes), sino por el perfil de los imputados: Rodrigo Rato (exvicepresidente del Gobierno), José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat valenciana), Ángel Acebes (exministro de Interior). Entre las personas que han sido llamadas a declarar en la fase de instrucción están el exgobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el presidente de la CNMV, Julio Segura.

-Participadas. Tras conocerse la imputación, algunos de los exconsejeros de Bankia y BFA que permanecen en los consejos de participadas han empezado a renunciar a sus cargos. El grupo ya tenía previsto reducir drásticamente el número de consejeros y que este proceso estuviera culminado para el próximo septiembre. Ahora, sin embargo, podría acelerarse.

-Los delitos denunciados se refieren al enorme agujero patrimonial hallado tras la nacionalización, el fiasco de la salida a Bolsa, a la comercialización de participaciones preferentes y a la obtención de pensiones y créditos por parte de consejeros en condiciones ventajosas. UPyD ha llegado a solicitar la intervención judicial del grupo financiero, que actualmente está dirigido por José Ignacio Goirigolzarri, presidente ejecutivo desde que Rodrigo Rato abandonó el cargo. La Fiscalía es partidaria de imputar también a algunos directivos del grupo que no formaban parte del consejo de administración.

Catalunya Caixa. Sospechas sobre los sueldos de los exdirectivos de la entidad

Catalunya Caixa es otro de los juguetes rotos del sistema bancario español. El intento de integrar un colectivo de cajas catalanas para ganar tamaño y sortear la crisis nunca acabó de funcionar. La entidad ha acabado siendo nacionalizada y está pendiente de la recepción de hasta 4.300 millones de dinero público para recapitalizarse. A pesar de este fiasco, algunos de los antiguos exdirectivos se fueron con jugosas indemnizaciones antes de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.

-Investigación. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación para conocer si existen indicios de delito o de irregularidades en los sueldos que percibieron altos cargos de la entidad. El Fiscal quiere determinar si esas remuneraciones son compatibles con que la entidad recibiera ayudas públicas: 2.968 millones de euros vía Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que todavía no ha devuelto al Estado.

Algunas informaciones apuntan a que el ex director general de Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, Josep María Loza, pudo cobrar cerca de 10 millones de euros en concepto de indemnización y de pensión.

-El caso Unnim. El otro grupo catalán de cajas que acabó siendo nacionalizado, y posteriormente vendido en subasta a BBVA, también tuvo una investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), después de que se hiciera público que el último director general, Enric Mata, pudo haber cobrado cerca de ocho millones de euros tras dejar el cargo. Este organismo acabó concluyendo que los pagos se habían ajustado a derecho.

Banco de Valencia. La entidad denuncia a los anteriores gestores

La debacle de Banco de Valencia -filial de Bancaja y, posteriormente, de Bankia- dio la señal de alarma sobre lo que se avecinaba para el resto del grupo. El 28 de octubre de 2011, dimitía su presidente, José Luis Olivas, presagiando la tormenta que se avecinaba. Olivas, que también era presidente de Bancaja, había empezado a tener problemas con sus socios en la alianza de cajas (especialmente con el presidente de Caja Madrid y del grupo, Rodrigo Rato). Le reprochaban que la entidad había inflado la valoración contable de Banco de Valencia, para ganar una mayor cuota en el capital de Bankia. Un mes después de la salida de Olivas, el Banco de España intervenía la entidad.

-Accionistas. En una convulsa junta de accionistas, donde se aprobó que el Estado se hiciera con el control del 91% de la entidad, también se acordó que Banco de Valencia ejerciera una acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, especialmente contra el que fuera el director general de la entidad durante 17 años, Domingo Parra, que pactó una indemnización de 7,5 millones.