Las buenas palabras del Gobierno pueden chocar con las exigencias europeas. Incluso ya se dan de bruces contra la norma aprobada el viernes por el propio Ejecutivo.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes que el objetivo es que los dueños de preferentes de bancos auxiliados puedan recuperar toda su inversión inicial. El real decreto explicita, sin embargo, que serán los accionistas y los acreedores subordinados los que en primer lugar deben asumir parte de los costes de los rescates.
El canje de las preferentes de BFA-Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa (unos 4.500 millones de euros en manos de alrededor de 140.000 pequeños inversores) y Banco de Valencia deberá realizarse a precios de mercado, con una prima máxima del 10%. La mala noticia es que las que cotizan, como los 3.000 millones que vendió Caja Madrid en 2009, lo hacen con unas pérdidas formidables. El viernes, cerraron al 40% de su valor inicial según la plataforma SEND, propiedad de BME, o al 10%, según Bloomberg, que recoge otras fuentes de precios. Las minusvalías en el mejor caso se quedarían en el 50%, aplicando la prima.
La clave es que aún no está decidido qué precio se tomará como referencia: "Existen varias fórmulas para poder hallar una valoración justa: las últimas transacciones, si son significativas, o, en caso contrario, valoraciones externas", señalan fuentes de Economía. El viernes, por ejemplo, solo se realizó una operación de compraventa con las preferentes de Caja Madrid en el SEND. La nueva norma añade que al menos un experto independiente deberá "acreditar" el valor de mercado de los híbridos.
Todo dependerá, en última instancia, de Bruselas, que tendrá que dar luz verde a los canjes, previsiblemente en octubre, una vez que las entidades hayan presentado a la Comisión Europea sus respectivos planes de reestructuración.
A falta de conocer la quita que asumirán los propietarios de preferentes y deuda subordinada -los bancos auxiliados tienen unos 6.200 millones en circulación en este tipo de bonos-, la mejor solución que las entidades pueden presentar a los dueños es canjear los títulos por "algún otro producto bancario". En este apartado, según fuentes del Ejecutivo, se incluyen los depósitos, pese a que el memorando de entendimiento no recoge esta posibilidad. La rentabilidad del producto permutado podría llegar a compensar una parte de la inversión inicial. Exclusivamente a modo de ejemplo, 100.000 euros invertidos en las preferentes que Caja Madrid vendió en 2009 a las que se aplique una quita del 50%, podrían canjearse por depósitos o deuda sénior a un plazo de ocho años con una rentabilidad anual del 5%. Así, los dueños recibirían de entrada 50.000 euros y si se mantienen fieles a la entidad -es decir, no venden los bonos o mantienen los depósitos-, recibirían otros 20.000 euros en intereses, a los que habría que sumar los 20.600 euros cobrados hasta el 7 de julio de este ejercicio, cuando las preferentes entraron en impago. Sumándolo todo, saldrían 90.600 euros, eso sí, a los ocho años.
Las otras tres posibilidades que plantea el real decreto (recompra en efectivo, diminución del nominal o amortización) cierran la puerta a una eventual recuperación del dinero, ya que implicarían quitas sin más. Los propietarios no recibirían ningún activo a cambio con el que poder compensar las pérdidas.
