Si España pide capital será por el suelo, no por la deuda

La caída en desgracia del banco franco-belga esta semana ha obligado a acelerar el anunciado proceso de recapitalización del sistema financiero europeo. El deterioro de la deuda soberana de la zona euro, como consecuencia del descalabro de Grecia, y el efecto contagio que ha supuesto sobre las emisiones del resto de estados periféricos, ha provocado un agujero virtual en los balances de la banca que un previsible impago por parte de Atenas amenaza con convertirse en real de forma inminente. Para las entidades españolas, que acaban de culminar su propio proceso interno de recapitalización, la posibilidad de tener que adscribirse a un programa de refinanciación coordinado desde Bruselas no está tan relacionada con su exposición soberana como con un viejo conocido: el ladrillo.

Las emisiones helenas, los títulos más radioactivos del Fukushima soberano, apenas suman 401 millones de euros en el balance de las entidades españolas. Poca cosa en comparación con los 9.900 de la banca francesa, o los 7.300 de la alemana. Solo aceptando la hipótesis de que las previsibles quitas que se apliquen sobre la deuda griega terminen ejecutándose sobre los títulos portugueses (de los que las entidades españolas acumulan 5.400 millones), y ya no digamos sobre las emisiones españolas (que suponen 221.500 millones de euros) el daño en las cuentas del sistema financiero español podría requerir una intervención sistémica.

El Banco de España considera que el sector ha hecho los deberes, adelantando a septiembre de este año los exigentes ratios de solvencia que traerá la implantación de los criterios de Basilea III. Como demostraron Popular y Pastor este mismo viernes, los procesos de fusión, salidas a Bolsa, o intervención pública están apuntalando a un sector que los mercados ponían en duda. Sin embargo, la desconfianza de los inversores está aún muy presente, y no faltan servicios de estudios que han comenzado a hablar de un segundo proceso de capitalización apenas ha concluido el primero. Merrill Lynch estimaba esta semana en un informe que concluida la labor del FROB, solo las cajas necesitarán otros 23.000 millones de euros. En esa línea, los analistas de Citi apuntan que tras los 7.551 millones inyectados por el Estado en la última ronda, "vendrán nuevas necesidades a medio plazo".

El motivo de fondo es que pese a los esfuerzos realizados -el Banco de España ha exigido provisiones adicionales para el riesgo inmobiliario- el fantasma del ladrillo dista de haber quedado exorcizado. "Si hay una capitalización del sector financiero europeo, al español se le presionará para participar porque aunque por el lado soberano no tiene problemas, sigue teniendo el riesgo promotor, en cuanto a activos y crédito inmobiliario", asevera Ignacio Moreno, analista de Citi.

"El gran problema de las entidades financieras españolas es la exposición inmobiliaria", coincide Julio Gil, de la inmobiliaria Horizone, quien afina un poco más sobre dónde está el principal factor de riesgo: "en el suelo".

El valor de este, según los expertos, se acerca peligrosamente a cero, pues su precio cae con mayor fuerza que el de la vivienda terminada y el número de transacciones es apenas anecdótico. "Las operaciones de compraventa de suelos son prácticamente inexistentes. El suelo en los balances de las entidades financieras se encuentra a precios que distan mucho de su valor real actual en el mercado, por lo que debieran estar dispuestas a asumir pérdidas si quieren darle salida.", explica Samuel Población, jefe del Departamento de Suelo y Edificios de la consultora inmobiliaria CB Richard Ellis. Por eso, expone Población, "el fondo de rescate europeo podría ser una oportunidad para reconocer el suelo en balance a precio de mercado".

Desde la inmobiliaria Horizone exponen que el sistema financiero español abarca una exposición al ladrillo de unos 325.000 millones de euros, de los que entre 70.000 y 80.000 millones corresponden a activos ya adjudicados que las entidades han incluido en sus balances. "Para que el sector quede medianamente saneado hay que afrontar este problema", avanza Gil. "Si desde el propio sistema financiero no se puede, tendrán que ser las Administraciones públicas, ya sea la española o la europea", continúa.

Desde la patronal de bancos españoles, la AEB, admiten que hay espacio para seguir saneando el sector con ayudas públicas, siempre y cuando, eso sí, la inyección de capital vaya acompañada de una "reestructuración" de la entidad que garantice "su buen funcionamiento en el futuro". Aquellas firmas que no sean viables, contrapone la AEB, "tienen que desaparecer o diluirse en otras que garanticen su viabilidad y la del conjunto del sistema. Las ayudas públicas no deben servir para salvar a entidades concretas, sino para mejorar la situación del sistema financiero en su conjunto".

Por su parte, la Confederación de Cajas de Ahorros, la CECA, da por cerrado el proceso de reforzamiento del sector, tras el cual las entidades que no pasaron el test de estrés de la banca aprobarían el examen europeo. Esta prueba, muy criticada porque no tensionó las emisiones de deuda pública europea (Dexia aprobó), sí que fue muy dura en cuanto al posible deterioro del mercado inmobiliario. Especialmente en España. El escenario adverso dibujado por la AEB aplica sobre el suelo y los inmuebles comerciales españoles el peor comportamiento de Europa, con un desplome del 46,7%, frente al 27,8% de promedio. Sobre la vivienda terminada se estima una caída adicional del 21,9%. Estas pautas hacen del crédito inmobiliario el más vulnerable ante una nueva recesión. De hecho, el 46,94% de todo el deterioro que sufrirían los activos de bancos y cajas españoles, siempre según el test de estrés, correspondería a este campo. Los préstamos a promotores arrojarían una caída de 65.901 millones, de los que 43.441 corresponderían a las cajas y 22.460 a los bancos.

Con todo, la cifra requerida para recapitalizar el sector y superar la indigestión de ladrillo de las entidades españolas sigue siendo difícil de calcular. Los expertos consultados coinciden, sin embargo, en que los 6.500 millones de los que dispone el Fondo de Garantía de los Depósitos -señalado esta semana por Economía como la herramienta con la que inyectar capital al sector- son del todo insuficientes. Los ojos de la banca española están puestos ahora en Europa.