Goirigolzarri se ha curado en salud: 19.000 millones de euros de capital extra para reforzar la solvencia del grupo Bankia-BFA. Una cantidad que se suma a los 4.465 millones de euros que la entidad ya recibió en forma de préstamo y que ahora ha solicitado convertir en capital. Por lo tanto, la factura total se eleva a 23.465 millones de euros. Por ahora. El nuevo presidente ejecutivo no quiere sorpresas, por lo que el viernes logró que el consejo de administración de Bankia -que luego dimitió en bloque- aceptase su tesis de pedir una cantidad holgada de capital público. Ahora Economía deberá aprobar la inyección de esos recursos, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pero se da por hecho que Goirigolzarri contaba con el plácet del ministro Luis de Guindos para solicitar semejante importe (el mayor desembolso en la historia española para rescatar una compañía privada).
El propio Guindos había dado pábulo a la barra libre de fondos. El miércoles, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, aseguró que el Estado "aportaría todo el capital que fuera necesario" para garantizar la viabilidad de Bankia, que ha convocado junta en Valencia el 29 de junio. Las especulaciones sobre la cifra definitiva que el Gobierno acabaría aportando a esta alianza de cajas fue aumentando cada día de la semana: el lunes Guindos sugirió en el Foro CincoDías que con 7.500 millones bastaría; el miércoles, en el Congreso, la factura aumentó hasta 9.100 millones; el jueves se empezó a hablar de 15.000 millones y el viernes, de dolores, se conoció la cifra definitiva: 19.000 millones.
En una nota remitida a la CNMV, Bankia detalló el destino que quiere dar a los 23.465 millones que va a recibir de fondos públicos. Algo más de la mitad (12.745 millones) se utilizará para reconocer el deterioro de los activos y créditos inmobiliarios que los bancos mantienen en su balance (en parte porque así lo obligan los dos reales decretos aprobados por De Guindos, y en parte porque la entidad ha reconocido un agujero extra de 4.000 millones "tras realizar un análisis profundo y prudente de su cartera inmobiliaria"). Otros 5.500 millones se destinarán a sanear cartera de créditos no vinculados al ladrillo "para adecuarla a un eventual escenario económico adverso". Los restantes 6.700 millones de euros se emplearán en reconocer el deterioro de la cartera industrial del grupo, en cubrir los créditos fiscales que difícilmente podrá apuntarse el grupo y en reducir el valor al que el grupo BFA tenía contabilizada su participación en su filial bursátil Bankia.
Una vez que se materialice la inyección de fondos públicos en BFA, que se completará durante junio, la matriz procederá a la recapitalización de su filial Bankia, con 12.000 millones. Actualmente, BFA controla el 45% de Bankia. Los accionistas minoritarios tendrán derecho de suscripción preferente aunque, dado el desplome que han tenido los títulos del banco en las últimas semanas, es improbable que muchos accionistas acudan a la ampliación, que se realizará en octubre. Teniendo en cuenta que la capitalización actual de Bankia es de 2.000 millones, con la inyección adicional de 12.000 millones, BFA (ya controlada por el Estado) pasaría a hacerse con cerca del 90% de Bankia. La CNMV suspendió su cotización el viernes.
Solvencia garantizada
Este despliegue sin precedente de fondos públicos para rescatar a un banco español garantizará la solvencia del grupo. José Ignacio Goirigolzarri aseveró que, con estas medidas coordinadas con el Gobierno y el Banco de España, "los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de que sus ahorros están ahora más seguros y garantizados que nunca", según recoge el comunicado. Tras esta operación financiera, el grupo BFA pasará a contar con un ratio de capital principal del 9,6% y el 48,9% de sus activos inmobiliarios estarán cubiertos.
2.979 millones de pérdidas
La entidad financiera desveló ayer que el pasado ejercicio registró unas pérdidas de 2.979 millones de euros debido a saneamientos en créditos y activos adjudicados y a las nuevas valoraciones de las participadas. El banco había presentado el pasado mes de febrero un beneficio de 309 millones de euros en 2011 (este resultado suponía un descenso del 13% respecto al año anterior), si bien la revisión de las cuentas llevada a cabo por los auditores ha aflorado estos números rojos.
De hecho, la CNMV decidió no publicar los resultados anuales de BFA y Bankia a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrendara, lo que precipitó la decisión del Gobierno de diseñar un plan de saneamiento con dinero público y desencadenó la dimisión de su entonces presidente, Rodrigo Rato.
El organismo regulador debería haber recibido las cuentas auditadas el pasado 30 de abril, por lo que BFA y Bankia podrían enfrentarse a una sanción. En su caso, las entidades remitieron la información con fecha de 4 de mayo y sin auditar a través de hecho relevante. Los reparos de la auditora Deloitte de estampar su rúbrica en las cuentas anuales respondían a diferencias irreconciliables de valoración de los activos con la dirección de Bankia por importe de miles de millones de euros.
Nuevas exigencias que levantan ampollas en el sector
Los elevados saneamientos presentados por BFA-Bankia han levantado ampollas entre el sector. La banca considera que las provisiones extras realizadas por el equipo de Goirigolzarri no son solo una muestra de previsión para mejorar la solvencia del grupo. Consideran que pone los cimientos de lo que en el sector ya se denomina el tercer decreto de la reforma financiera. Más provisiones por créditos no vinculados al sector inmobiliario, como son los destinados a pymes y consumo, a lo que se sumarían las nuevas necesidades de dotaciones por el ladrillo tras las auditorías de Roland Berger y Oliver Wyman. Esos saneamientos extras, más el ajuste de la cartera industrial, son los que han elevado las provisiones de Bankia muy por encima de lo que calculaban inicialmente los expertos, e incluso la entidad. Extrapolando los 16.200 millones de euros en provisiones extras realizados por Bankia, el sector estima que las nuevas exigencias subirán la factura para el sistema de 80.000 millones a 100.000 millones. Algunas entidades temen un serio castigo bursátil, informa Ángeles Gonzalo.
Un renovado consejo muy profesional
Goirigolzarri se va a rodear de un consejo muy profesional para pilotar Bankia. El viernes, el anterior consejo, compuesto por 18 miembros, dimitió en pleno, e inmediatamente tomaron posesión de su cargo los nuevos 10 consejeros. Entre ellos figuran empresarios como Jorge Cosmen (presidente de Alsa y copresidente de National Express); Javier Campo (presidente del grupo Zena, propietario de franquicias como Foster Hollywood o Domino's Pizza) y Joaquín Ayuso (vicepresidente de Ferrovial).
También hay profesionales del sector financiero, como Eva Castillo (que fue presidenta de la filial española de la firma Merrill Lynch); José Sevilla (exdirectivo de BBVA, donde trabajó a las órdenes de José Ignacio Goirigolzarri, quien le ha fichado como director general de presidencia de Bankia) o José Whanon (que trabajó en la consultora PwC). También hay dos economistas: Fernando Fernández y José Luis Feito, que actualmente preside Aseta. Por último, el consejero delegado Bankia, Francisco Verdú, fue fichado por Rodrigo Rato.
