Asumir 82.000 millones de euros en provisiones en unos meses es un desafío que pocos sectores pueden asumir. Menos aún si las perspectivas de negocio son nefastas. Ese es el reto que ha planteado el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la banca española. La última fase de la reforma financiera promovida por el Ministerio de Economía obliga al sector a provisionar un 30% su cartera de crédito sano a promotores, lo que se traduce en saneamientos por cerca de 28.000 millones de euros. Estos se suman a los 54.000 millones de provisiones del real decreto de febrero. "El impacto sobre los resultados del sector va a ser muy importante. Habrá muchas entidades que entrarán en pérdidas y el resto registrará fuertes caídas del beneficio", comenta el consejero delegado de un banco.
La obligación de sanear el ladrillo a toda velocidad -impuesta por el Gobierno para despejar las dudas que pesan sobre la cartera de activos inmobiliarios- va a estresar enormemente al sector: tendrá más difícil dar créditos, beneficios y repartir dividendos.
Cumplir con estos requerimientos se volverá aún más complicado en medio de una recesión, y con un nivel de morosidad que alcanzó en marzo el 8,36%, el más alto en 17 años. Las perspectivas apuntan a que este indicador seguirá subiendo durante todo 2011, mientras que los márgenes de la banca caerán.
Una vez que todas las entidades han presentado las necesidades adicionales de provisiones, ahora disponen de tres semanas para presentar al Banco de España un plan específico de cómo van a cumplir con las nuevas exigencias.
Las cajas medianas, que en las últimas semanas habían intensificado sus contactos para forjar nuevas alianzas, ven trastocados sus planes con la segunda parte de la reforma financiera. Unicaja, tras la absorción de Caja España Duero, tiene que asumir saneamientos por un importe bruto de 2.606 millones de euros, teniendo en cuenta el primer y el segundo real decreto. Esta cifra representa cerca del 6% de su cartera de crédito (junto a los activos inmobiliarios adjudicados), lo que puede empeorar su capacidad de negociación pese a que no hay amenaza para su solvencia. También Liberbank tiene un gran desafío: provisionar 1.605 millones (un 5,24% de su cartera). BMN, en cambio, debe provisionar tan solo el 2,65% de su cartera, aunque la entidad en un comunicado reconocía que, con la reforma, su ratio de capital principal quedaría por debajo del nivel mínimo exigido.
Aquellas entidades que no tengan capacidad para cumplir con los nuevos saneamientos con sus propias fuerzas, se verán abocadas a recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que les otorgue un préstamo en forma de bono continente convertible. El problema, que el tipo de interés que tendrán que pagar, del 10%, impondrá una losa financiera difícil de soportar para cualquier banco o caja, con lo que ese préstamo se convertirá en capital y el Estado en máximo accionista.
Otra de las grandes incógnitas que persisten sobre este proceso es quién pagará la cuenta. Hasta la fecha, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se ha hecho cargo del coste de rescatar entidades como Cajasur, Caja Mediterráneo (CAM) o Unnim. Pero ahora sus fondos están muy mermados. El sector, que es quien realiza las aportaciones que nutren el Fondo, negocia ahora con el Banco de España y con Economía realizar una derrama para que cuente con dinero suficiente para costear las próximas subastas de entidades rescatadas: Banco de Valencia y Catalunya Caixa.
El panorama se complica aún más con las dos auditorías independientes encargadas por el Gobierno para valorar toda la cartera de activos del sector, cuya identidad se desvelará el lunes. En caso de que estimen que los balances de la banca están sobrevalorados y el sector debe realizar nuevas provisiones, la necesidad de recurrir al fondo de rescate europeo para recapitalizar la banca se volverá casi imperiosa, según explican directivos del sector.
Bankia, principio y fin de los cambios
La nacionalización de la matriz de Bankia y el relevo de su presidente, Rodrigo Rato, han puesto de relieve la extrema dificultad que están encontrando algunas entidades para cumplir con los reales decretos aprobados por el Ministerio de Economía. El nuevo equipo gestor, liderado por José Ignacio Goirigolzarri, está trabajando en un plan que contempla ventas de activos y conversión en acciones de participaciones preferentes, pero fuentes financieras dan por seguro que la entidad cotizada deberá recurrir a una inyección adicional de fondos públicos, que podría alcanzar los 10.000 millones de euros.
Para controlar la evolución de la entidad y ayudas a Goirigolzarri con el nuevo plan estratégico, Economía ha contratado a al polémico banco de inversión Goldman Sachs como asesor. La firma de Wall Street -una de las pocas que salió indemne de la tormenta financiera que vivió Estados Unidos en 2008 y 2009- lleva meses asesorando a entidades financieras españolas para capear el temporal. En los últimos años ha trabajando en la salida a Bolsa del negocio financiero de La Caixa, a través de CaixaBank, además de en el diseño de planes de futuro para Cajastur y Catalunya Caixa.
Sin embargo, Goldman Sachs fue uno de los pocos bancos de inversión que no participó en la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, lo que ahora podría haber propiciado la contratación de la firma por Economía.
Las acciones de Bankia cerraron el viernes con una subida del 23,5%, recuperando así parte de la caída que habían registrado a lo largo de la semana pasada.
