La crisis de la zona euro es una saga de tropiezos, bandazos y retrasos. Y la misma secuencia se ha seguido en el rescate de la banca española aprobado el viernes. Con idénticos resultados. Desastrosos. Hasta el punto de que la apertura oficial de la línea de crédito europea coincidió con una espeluznante jornada en los mercados bursátiles y en los de deuda pública, donde la prima de riesgo española superó los 600 puntos por primera vez desde el nacimiento del euro y los tipos de interés se dispararon hasta el 7,2%, una cota desconocida en lo que va de siglo. A falta del veredicto definitivo de los mercados en los próximos días y semanas, en el aire queda la duda de si la operación de salvamento se podía haber llevado a cabo de manera más eficaz y acelerada. Y, sobre todo, si será posible recuperar la confianza de unos inversores internacionales que, solo en el primer trimestre de este año, retiraron del mercado español más de 100.000 millones de euros.
"No es realista esperar que la zona euro disponga de los mecanismos de reacción que EE UU, que lleva más de 200 años estableciendo instituciones destinadas a gobernar una zona económica extensa y diversa y a gestionar crisis", señaló el viernes, a modo de justificación, el francés Benoît Couré, miembros del poderoso Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, durante una conferencia en México. Y se mostró sorprendido por el hecho de que fuera de Europa, según él, "se malinterpreta la estrategia seguida en la zona euro" y se da una imagen "caricaturesca" sobre la estrategia europea para responder a la crisis. El propio discurso del ejecutivo del BCE, sin embargo, enumera las últimas incoherencias de esa estrategia, relacionadas directamente con el rescate de la banca española, que han dejado a la cuarta economía de la zona euro al borde de la intervención completa y a punto de contagiar a otro gigante como Italia.
El último intento para evitar ese escenario catastrófico se hizo en la cumbre de la zona euro de la noche del 29 al 30 de junio. Pero como tantas veces, el acuerdo in extremis (a las 4 de la madrugada) llegó demasiado tarde para calmar los mercados a corto plazo y plagado de salvedades para alentar la incertidumbre a largo.
En esa cita, como bien recuerda Couré, se acordó que el rescate de la banca española se cargaría directamente al balance de las entidades financieras socorridas sin lastrar peligrosamente las cuentas públicas de un país con cinco millones de parados y dos años de recesión por delante. Pero la entrada en vigor de ese acuerdo se supeditó al establecimiento de una supervisión financiera unificada para toda la zona euro, un proyecto político tan ambicioso como difícil de lograr. "El acuerdo supuso un avance", señala Stefano Miccosi, del instituto Centre for European Estudies (CEPS). "Pero faltan los detalles y la habitual cacofonía posterior a la cumbre ya ha disipado el efecto positivo en el mercado".
La cumbre se limitó a señalar que la propuesta de la supervisión se comenzará a estudiar "con carácter urgente antes de final de 2012". Pero ni una referencia a su posible conclusión. La canciller alemana Angela Merkel, se apresuró a señalar que la nueva supervisión no estará en marcha antes del verano de 2013. Un plazo que coincide peligrosamente con el calendario de su reválida electoral (septiembre de ese año) y que permite anticipar un retraso del proyecto hasta 2014 como muy pronto.
De modo que España, en contra del parecer del Gobierno de Rajoy y de foros internacionales como el FMI o el G-20, arrastrará durante meses una losa de 100.000 millones de euros que amenaza con hacer insostenible el vínculo entre los activos tóxicos acumulados por el sector financiero y una deuda pública que hasta ahora se mantenía por debajo de la media europea.
La ruptura de ese vínculo está pendiente además de una segunda condición: la puesta en marcha del nuevo fondo de rescate de la zona euro (Mecanismo europeo de estabilidad o MEDE). Y Berlín, que aporta casi un tercio del capital y avales de ese fondo, ya ha demostrado que no tiene demasiada prisa en ponerlo en funcionamiento. El gobierno lo sometió a votación en el parlamento el 29 de junio, un día antes de que expirase el plazo informal pactado por los socios de la zona euro. Y de manera inmediata, el proyecto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional alemán, que no se pronunciará hasta mediados de septiembre. De todos modos, algunos economistas, como Paul de Grauwe, consideran que ni siquiera con ese nuevo instrumento se podrá calmar a los mercados. "El MEDE dispone de 500 millones de euros y la deuda de Italia asciende a 2 billones y la de España, a 800.000 millones", ha recordado el economista belga en un reciente análisis.
Se repite así el esquema seguido desde el comienzo de la crisis de la deuda soberana en febrero de 2010. Alemania permite la presión de los mercados sobre unos socios a los que se intenta imponer disciplina presupuestaria, incluso cuando, como en el caso de España, el desencadenante de la crisis se encuentra en el sector privado.
España, además, desaprovechó el arranque de la nueva legislatura. Y el Gobierno, a pesar de su mayoría absoluta, retrasó los ajustes presupuestarios reclamados por Bruselas a la espera de unas elecciones en Andalucía. Ese retraso, junto al fiasco en la gestión de Bankia, disparó las alarmas en las instituciones europeas y socavó la credibilidad de un Ejecutivo recién estrenado. Madrid, por último, cifró todas sus esperanzas en una intervención del Banco Central Europeo sin percatarse de que su nuevo presidente, Mario Draghi, nunca ha sido un entusiasta del programa de compra que a regañadientes puso en marcha Jean-Claude Trichet. Al final, los titubeos de unos y las dilaciones de otros han dejado a España en la antesala de una dolorosa y humillante intervención.
