La segunda y última vuelta de las elecciones presidenciales en Francia marcará este domingo 6 de mayo un giro en la gestión de la crisis económica de la Unión Europea.
Tanto el presidente saliente, Nicolas Sarkozy, como, sobre todo, su posible sucesor, François Hollande, han defendido durante la campaña la necesidad de reformar el Banco Central Europeo para que contribuya a las políticas de crecimiento. Y el aspirante socialista incluso se plantea renegociar el Tratado de Estabilidad de la UE recién aprobado para completar las normas que limitan el déficit público con políticas de estímulo a la actividad.
La victoria de uno u otro (los sondeos auguran la del socialista Hollande) determinará el alcance de los cambios que París plantee a nivel europeo. Pero en Bruselas se da por supuesto que con o sin Sarkozy, o más bien con o sin Hollande, el nuevo Gobierno francés intentará corregir o moderar el dogma de austeridad impuesto por Berlín en todo el continente.
En cuanto se conozca el nombre del inquilino del Elíseo para los próximos cinco años, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tiene previsto convocar una cumbre (para finales de mayo o principios de junio) en la que replantear la estrategia económica, en particular en la zona euro. Y aunque no se descarta la posibilidad de la reelección de Sarkozy, los preparativos de la cita parecen pensados, sobre todo, para acoger a un nuevo presidente francés.
Las cuentas de la primera vuelta electoral (22 de abril) también apuntan en esa dirección. Y si se repite reparto de votos de la primera vuelta (22 de abril) y los electores siguen la recomendación de los líderes que no han pasado a la segunda, Hollande se alzaría con el 51% de votos (dos puntos menos que Sarkozy en 2007) y el candidato conservador se quedaría en torno al 45% (dos puntos menos que su rival socialista de hace cinco años, Ségolène Royal).
Pero la victoria de uno u otro dista de estar garantizada y habrá que esperar hasta el recuento de la última papeleta. Los colegios electorales cierran a las 20 horas del domingo. Las anacrónicas normas francesas impiden la publicación de sondeos a pie de urna hasta ese momento. Pero la impaciencia por conocer el resultado ha llegado a tal nivel que los medios de comunicación de varios países vecinos del Hexágono (como Reino Unido o Bélgica) se saltarán la prohibición y publicarán sus sondeos antes de que concluya el horario de votación.
La violación de ese secreto muestra la imposibilidad de hacer cumplir ciertas leyes nacionales en un mundo sin fronteras virtuales. Pero también revela que la dependencia mutua de los socios europeos se ha estrechado tanto que las elecciones de un país se siguen casi con el mismo interés en el resto de la UE. Al menos, si el nombre de ese país es Francia y está en juego el futuro del directorio Berlín-París que ha marcado la respuesta de Europa a la interminable crisis financiera.
Escaso margen
La primera consecuencia a nivel europeo del nuevo quinquenio francés será la negociación de una "agenda del crecimiento", como ya ha definido al futuro plan la canciller alemana, Angela Merkel. El diseño de esa agenda se prepara con sordina con vistas a la cumbre europea posterior a las elecciones francesas. A falta de los detalles definitivos, parece claro que no incluirá un estímulo presupuestario de la envergadura y alcance del adoptado tras el primer zarpazo de la crisis en 2008.
Las medidas de expansión equivalieron entonces al 2,9% del PIB de la UE, según los cálculos de la Comisión Europea. Y la respuesta de los estabilizadores automáticos (cobertura de paro, subsidios, etc.) al deterioro de la coyuntura contribuyó a un incremento de la deuda pública de más de 20 puntos porcentuales de PIB ( cinco puntos debido al rescate del sector financiero) o casi 2,2 billones de euros contantes y, en muchos casos, prestados.
Esa acumulación de números rojos y la crisis de la deuda desencadenada por Grecia reduce el margen de actuación de la mayoría de los Estados miembros de la UE. "Hasta que no se recupere la confianza, tenemos un límite clarísimo", reconocía esta semana el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, en una conferencia ante la agrupación del PSOE en Bruselas. El comisario añadía que "para los países con un alto nivel de deuda o de déficit, el margen de relanzamiento presupuestario se agotó hace tiempo".
A nivel comunitario tampoco hay muchas más opciones, más allá de la propuesta de ampliación de capital del Banco Europeo de Inversiones o de la financiación de proyectos concretos a través de los llamados project bonds planteados por la Comisión Europea.
Relajar los objetivos
Otra alternativa pasa por una aplicación selectiva de los estímulos, que solo se pondrían en marcha en los países con cierta holgura presupuestaria.
Alemania es la candidata ideal para liderar esa expansión. Pero en el programa de estabilidad que acaba de presentar en Bruselas prevé continuar el proceso de consolidación fiscal durante este ejercicio. Y retrasa los estímulos hasta 2013 (año en que Merkel afronta elecciones generales) y 2014.
A ello se une la resistencia de los países cuya deuda todavía disfruta de una buena calificación a embarcarse en programas de gasto. "Todos, incluso Alemania, tienen miedo de que se les dispare el tipo de interés", señala una fuente comunitaria.
Con la vía del gasto prácticamente cegada, se podría optar por relajar los objetivos actuales de déficit, que obligan a casi todos los países a situarlo por debajo del 3% de su PIB a finales de 2013. La publicación el próximo viernes (día 11) de las nuevas previsiones de crecimiento de la Comisión podrían ser el primer paso en esa dirección, pues se espera que anuncien una peligrosa caída en la recesión en buena parte del club comunitario.
Algunos analistas, como Jean Pisani-Ferry, director del instituto de estudios Bruegel, cree que los objetivos marcados han provocado una "espiral de austeridad" y están provocando ajustes no del todo bien calibrados y, a veces, incluso contraproducentes.
Pero las instituciones comunitarias temen el impacto de una relajación en el proceso de consolidación, que podría atemorizar a los inversores internacionales y hacer que los costes de financiación acaben siendo más elevados, mermando de nuevo el crecimiento económico.
Ese riesgo es tan evidente que ni Hollande ni Sarkozy se han desmarcado durante la campaña de los objetivos de consolidación hasta 2013 previstos para Francia. Y el socialista solo retrasa un año (hasta 2017) la consecución del déficit cero. De modo que, gane quien gane, el giro en la gestión de la crisis tendrá que ser mucho más sutil y político que un simple manguerazo de dinero público porque como dice Almunia "es un mito que el déficit sea de izquierdas y el superávit de derechas".
