El pasado noviembre, el Gobierno decidió aprobar en solitario un paquete de medidas urgentes destinadas a paliar el drama de los desahucios ante la falta de consenso con el PSOE, con quien buscaba un acuerdo inicial. El proyecto de ley, al que el Ejecutivo busca sumar ahora nuevas medidas de calado y el apoyo de otros grupos políticos, arranca hoy su debate en el Congreso, que podría culminar a mediados de marzo.
Este primer paso de la tramitación tendrá lugar en torno a medio día de hoy en el pleno de la Cámara Baja, cuando se debatirán las enmiendas a la totalidad que ha recibido la norma. Estas han sido presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) y BNG, que consideran insuficiente el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios promovido por el Gobierno.
Hasta la fecha, la norma se ha traducido en una moratoria de dos años en los desahucios de los colectivos más vulnerables (familias numerosas, parados sin prestación, discapacitados o padres de niños menores de tres años, entre otros supuestos y siempre con ingresos inferiores a 19.164 euros anuales) y a la creación de un fondo social de unas 6.000 viviendas, aportadas por la banca, para el realojo de estos mismos colectivos si ya hubieran sido desahuciados de su vivienda.
La intención del Ejecutivo, según adelantó en su día el ministro de Economía, Luis de Guindos, que acudirá hoy al Congreso a defender su proyecto, es complementar la norma aumentando los umbrales de beneficiarios del código de buenas prácticas, mejorando las subastas de inmuebles embargados, limitando los intereses de demora, forzando una mayor independencia entre tasadoras y banca, desincentivando el sobreendeudamiento familiar en la compra de vivienda o acabando con las cláusulas abusivas de las hipotecas. Las propuestas del PP, como las del resto de grupos, deberán presentarse mediante enmiendas parciales hasta el próximo 6 de febrero. A partir de ahí, los diputados escucharán la comparecencia de expertos para terminar votando la ley alrededor de marzo.
En su enmienda a la totalidad, el PSOE aboga, entre otras cosas, por un proceso extrajudicial en que los afectados por embargos puedan renegociar su crédito o, en última instancia, una dación en pago (entrega de la vivienda como única condición para saldar la deuda) con opción a alquiler social. En la suya, Izquierda Plural pide paralizar todos los desahucios de vivienda habitual si la insolvencia es sobrevenida.
