Los médicos han hecho piña y han salido conjuntamente en defensa de sus colegas con responsabilidades en los órganos colegiales ante "las constantes presiones de los poderes públicos" y para "defender por encima de cualquier otra conveniencia el deber deontológico que todo médico tiene con el paciente y el cuidado de su salud".
El manifiesto ha sido aprobado por la asamblea de la Organización Médica Colegial (OMC), ante las presiones que están recibiendo los representantes de los colegios que se han puesto al frente de las protestas por los recortes y las privatizaciones planificadas en distintas comunidades autónomas.
En el documento, la OMC deja claro que los médicos "no son los culpables del deterioro del sistema sanitario", y denuncia "el inadecuado trato que, en muchos casos, vienen recibiendo de algunas Administraciones públicas".
En las últimas semanas, dirigentes del Ejecutivo regional de Madrid, por ejemplo, culparon a los facultativos de primar los intereses de índole laboral a la mejora que supondría una gestión privatizada. "La OMC reitera nuevamente que la gestión del Sistema Nacional de Salud y de las distintas autonomías no es la adecuada y que es imprescindible afrontar su cambio para conseguir la mejora y el mantenimiento de la calidad", recoge el manifiesto.
La organización que agrupa a otros los colegios "considera que esta gestión debe tener sus fundamentos en criterios profesionales y científicos y no exclusivamente políticos ni economicistas".
Los profesionales no comparten "las medidas de recorte indiscriminadas" que se vienen aplicando, "por enten_der que ponen en peligro la mencionada calidad", y aún van más allá, alertando de que incluso algunas de ellas "atentan contra la seguridad de los pacientes".
La asamblea acordó por unanimidad exigir "su participación activa en el análisis para la mejora del modelo sanitario, algo que, de momento, tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas no han tenido en cuenta a la hora de planificar los recursos y tomar medidas de ajuste, como la de retirar la tarjeta sanitaria a trabajadores extranjeros en situación irregular en España.
