¿Dónde están los asesores financieros independientes?

El pasado 16 de febrero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio por terminado el plazo para que los asesores financieros -empresas o personas-, solicitaran la autorización para prestar este servicio. Esta profesión, aunque de largo recorrido en España, aún no había sido homologada. Formalmente, a partir de esa fecha, todos los consejeros en activo adquirían la condición de ilegales. El plazo de inscripción quedaba abierto para los recién llegados.

Cuando la CNMV anunció la regulación de este servicio y la obligación de operar bajo el paraguas de una Eafi -empresa de asesoramiento financiero- física o jurídica, muchas voces expertas celebraron la medida y aventuraron un cambio radical de las relaciones entre inversores y entidades de ahorro. Después de Mifid, que entró en vigor a finales de 2007, las Eafi se contemplaban como un paso obligado en la protección de los derechos del ahorrador. Estas mismas voces profetizaron un futuro floreciente del negocio.

Tras la euforia, el escepticismo

Sin embargo, la euforia inicial ha dado paso a cierto escepticismo. Sólo 50 empresas y profesionales han presentado formalmente la solicitud de alta en el registro y, hasta el momento, sólo cuatro entidades han pasado el filtro del regulador: Abante, con todos los papeles en regla; Capitalia Familiar, a punto de formalizar el último trámite; Family Office Solutions, en la recta final de la tramitación; y un profesional, cuyo nombre no ha trascendido, que pronto comenzará su singladura.

Llegados a este punto, los mismos que dieron la bienvenida a los nuevos asesores se preguntan hoy si realmente la CNMV ha dado por concluido el plazo para que los profesionales en activo se den de alta. Y lo que es más decisivo: ¿qué va pasar con los cientos, miles, de agentes que siguen dando consejos de inversión bajo el paraguas de una entidad financiera, o de varias, porque en realidad no son otra cosa que vendedores a comisión? El regulador asegura que sólo las Eafi están capacitadas legalmente para prestar asesoramiento.

¿Qué está ocurriendo? Algunos expertos opinan que montar una Eafi es un proceso largo y costoso. Con personalidad física o jurídica, todos los actores tienen que desembolsar un capital social mínimo de 50.000 euros o en su defecto contratar un seguro con una cobertura de 1,5 millones de euros.

Además, están obligados a presentar una auditoría y redactar un protocolo de conducta, entre otras cosas. "El coste de constitución, el papeleo exigido y el desembolso que requiere poner a punto los sistemas informáticos ha limitado la presentación de solicitudes", según Borja Durán, socio de Family Office Solutions. "Aunque la creación de una Eafi física es mucho más barata", recuerda Félix González, de Capitalia.

La CNMV no parece tener prisa. Está autorizando los expedientes con cuentagotas y aún no ha puesto en marcha el apartado en su web que permita a los ahorradores conocer el nombre de las entidades homologadas y los servicios que ofrecen. Además, cuando lo haga, no incluirá una información relevante: las comisiones de retrocesión. Esto es, si el consultor tiene algún acuerdo con una gestora o entidad financiera y cobra por recomendar sus productos. Muchos expertos esperaban que la CNMV reforzara la independencia de los consultores, en línea con lo que ocurre en Gran Bretaña. No ha sido así. Después de un intenso debate con las asociaciones, ha optado por permitir las famosas comisiones de retrocesión, alegando una vez más falta de tradición en España para pagar directamente al asesor. Ahora al inversor sólo le queda exigir a su Eafi que le aclare este extremos. En cualquier caso, es una información que obra en poder de la CNMV.