La corrupción se siente, pero no preocupa en exceso
Los españoles perciben un aumento de las irregularidades, pero sólo un 2% cree que es un tema grave
La corrupción tiene un adjetivo: urbanística'. Así de claro y rotundo habló ayer el catedrático Manuel Villoria, que ha realizado para España el Informe Global sobre Corrupción 2007 de Transparencia Internacional, una organización con sede en Alemania. El estudio se presentó en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, donde Antonio Garrigues, presidente de la fundación, defendió que la corrupción es un problema ético, que también puede mirarse con los ojos de la filosofía. Y lanzó una advertencia a navegantes: 'Debe haber un consenso para atajar este problema más allá de las disputas políticas'.
Transparencia Internacional elabora el llamado Índice de Percepción de la Corrupción para 178 países, en el que 0 supone corrupción y 10, transparencia. El índice se elabora a partir de las respuestas de empresarios y analistas de los distintos países. En esta edición, España ha obtenido un 6,8. Una mala nota si se tiene en cuenta que desde el año 2000 su puntuación era 7, a excepción de 2003, cuando bajó a 6,9. A pesar de que en la lista de 178 países ocupa la posición 28, en la Europa de los Quince es el segundo país en el que existe una mayor sensación de prácticas corruptas. La organización atribuye este peor resultado a la proliferación de escándalos urbanísticos.
Ahora bien, una cosa son los expertos y otra el pueblo llano. Cuando se le pregunta a personas de la calle si creen que abundan los casos de corrupción a su alrededor la respuesta es también afirmativa, pero mucho más contundente. Los peor parados son, por este orden, los políticos, el sector privado y los medios de comunicación. En una escala en la que 0 es nada corrupto y 5, muy corrupto, los políticos sacan un 3,9. De hecho, más de la mitad de los encuestados en el Barómetro Global de la Corrupción asegura que la corrupción afecta 'muy significativamente' a la vida política.
Pero para darle una vuelta de tuerca más, Transparencia Internacional pregunta a los encuestados si han sobornado a alguien del sector público en los últimos doce meses. La respuestas es inequívoca. Un 99% dice que no ha pagado soborno alguno al Poder Judicial y un 98% contesta lo mismo en el caso de la Policía y Hacienda. Todos ven corrupción a su alrededor, pero nadie reconoce -la encuesta es anónima- haber participado en ninguna irregularidad.
Si se hace caso a la estadística, a los españoles -a pesar de las informaciones sobre pelotazos, recalificaciones y crecimiento urbanístico desmesurado- los temas de corrupción les importan más bien poco. Sólo un 2% los cita cuando se le pregunta por los problemas más graves de España. En la primera mitad de los 90, cuando saltaron los escándalos políticos que salpicaron el gobierno de Felipe González, los porcentajes superaron el 20% y a veces el 30%.
Transparencia Internacional cada año analiza de forma más detenida un sector en concreto. Este año ha sido el Poder Judicial. La judicatura española puede respirar tranquila: la conclusión es que la corrupción en el sistema judicial 'no es relevante', en palabras del abogado y secretario general de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás. Aun así, advierte de que la lentitud de los juzgados, en particular en las salas de lo contencioso-administrativo, bien puede considerarse un tipo de corrupción. En esos juzgado es donde los ciudadanos acuden para protegerse de posibles abusos o errores de la Administración Pública. Pero hasta que se resuelve un caso, pasan unos ocho años de media.
El estudio, que se realiza a nivel global, también se ha presentado en otras ciudades, como Nairobi o Londres. El informe muestra que la correlación entre pobreza y corrupción es notable. África es el continente en el que más sobornos se pagan a jueces y personal de la justicia. Una de cada cinco personas que ha tenido que tratar con la justicia ha pagado un soborno. En países como Camerún, la proporción es de un soborno cada tres casos.
¿Quién protege al empleado íntegro?
Casi todas las empresas del Ibex (71%) se han adherido al Pacto Mundial -una guía ética para las empresas que impulsó Naciones Unidas- que incorpora un décimo principio anticorrupción. Pero como sucede tantas veces, teoría y práctica no van de la mano. Sólo un 43% de las grandes compañías españolas tiene una política clara de anticorrupción, según un estudio de la Fundación de Ecología y Desarrollo y la fundación Carolina, elaborado en 2006. Una de estas medidas para atajar las prácticas corruptas consiste en crear un canal para facilitar la denuncia cuando se produzcan prácticas ilegales dentro de la empresa. Doce compañías del Ibex han elaborado un protocolo de denuncia, sin embargo, sólo cuatro han ideado alguna fórmula para evitar que se tomen represalias para el empleado íntegro.El informe destaca que 'de las compañías que tienen políticas anticorrupción, sólo 15 incluyen referencias explícitas o implícitas al soborno, y alguna, como Unión Fenosa, se refieren sólo a recibir sobornos, no a ofrecerlos'. Por otra parte, la mayoría de empresas no pone ningún coto ni hace referencia a la relación con partidos políticos. La situación, según Transparencia Internacional, es 'bastante deprimente'. En países como Estados Unidos o Reino Unido, un 90% de las 500 mayores empresas gozan de códigos de conducta contra la corrupción. Con todo, las empresas españolas son de las que menos actos de corrupción cometen en el extranjero. O, al menos, esto dice el Índice de Fuentes de Soborno que elabora también Transparencia Internacional.Este índice mide la propensión de las empresas de los 30 países más desarrollados del mundo a pagar sobornos en países extranjeros para cerrar negocios. España ocupa el puesto decimotercero como país menos prácticas corruptas cuando sale al exterior. Los países más corruptos son India, China, Rusia y Turquía. En el lado opuesto, en el de los estados que actúan bajo la legalidad, están Suiza, Suecia, Australia, Austria, Canadá y Reino Unido.