Armas para defenderse del marketing telefónico

Diga?'. 'Hola, ¿está la señora?'. 'Sí, soy yo. 'Mire, le llamamos de...'. 'Lo siento, no me interesa'. Bip bip. Llamadas como ésta se repiten en los hogares españoles a cualquier hora. Son empresas que disponen de listados de números de teléfonos con los nombres de sus propietarios o que ponen un robot a marcar listas de números consecutivos, y que tratan de vender sus productos desde el otro lado del auricular. Es raro que si el usuario se siente afectado denuncie la llamada y más raro aún, que sepa que tiene derecho a hacerlo o a evitar ser molestado.

Desde el 29 de abril un real decreto permite a los dueños de teléfonos solicitar a sus operadoras que en la guía de teléfonos, junto a su nombre, aparezca un indicativo de que no quiere recibir llamadas de marketing telefónico. Otra opción es que su nombre ni siquiera aparezca en la guía, como ya era posible antes de esta regulación. Cualquier empresa que quiera vender por teléfono está obligada a comprobar que el receptor no haya pedido un trato especial; se arriesga a una de multa que puede llegar a los 150.000 euros. Esto en el caso de las llamadas realizadas por telefonistas humanos; si se trata de robots, ni siquiera el consentimiento tácito es válido. Las empresas sólo pueden llamar con máquinas automáticas a quienes lo autoricen previamente.

Las asociaciones de usuarios recibieron con agrado esta norma, aunque con objeciones; pero tres meses después de su entrada en vigor están muy decepcionadas con su desarrollo. 'Debería haberse hecho una campaña, igual que se hizo con la Constitución Europea', protestan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Ni la Agencia Española de Protección de Datos ni la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, organismos competentes en este terreno, han informado a los ciudadanos sobre sus nuevos derechos. Y las operadoras no tienen intención de hacerlo.

Consentimiento tácito y expreso

Sobre el reglamento en sí, las asociaciones de usuarios echan de menos mayores exigencias para las empresas de marketing telefónico. 'El consentimiento debería ser expreso en todos los casos', dicen desde la Federación de Consumidores en Acción (Facua).

Insuficiente o no, ¿se está cumpliendo la norma? Jesús Rubí, adjunto al director de la Agencia Española de Protección de Datos, piensa que 'los operadores cumplen la norma con celeridad, en general'. Nieves Franco, de Ono, acepta que han 'recibido denuncias', pero entiende que 'no es significativo'. 'Cuando un usuario se queja, lo eliminamos de la base de datos'. Las asociaciones de usuarios no lo saben con precisión. 'No estamos recibiendo reclamaciones, pero es que la gente no conoce la ley', según Facua.

Contra la mala fama de su actividad lucha la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, que agrupa a las empresas más importantes del sector. Su secretaria general, Ana Buxó, explica que 'la mayoría de las llamadas no deseadas son de las propias operadoras de telefonía' y recuerda que su código ético es contrario a estas prácticas. 'Lo respetamos muchísimo, porque al final es contraproducente; las empresas no quieren que se las rechace.'

El nuevo reglamento se presenta como una fuente de enfrentamientos entre las telefónicas y los usuarios. Ahora éstos tienen las armas legales para defenderse de los que invaden sus hogares sin llamar a la puerta.