La ética en los negocios, mejor voluntaria

Extremadura ha despertado el debate latente sobre si la responsabilidad social corporativa (RSC) debe seguir siendo una iniciativa empresarial voluntaria o si debe regularse. Este Gobierno regional sigue adelante con la tramitación parlamentaria de la que sería la primera ley autonómica en España que define y regula la RSC.

En concreto, la norma extremeña prevé una especie de sello de calidad que defina las normas de juego de la RSC y los criterios para su cumplimiento. Se ha ideado como un incentivo para apuntalar en las empresas la idea de que apostar por el respeto de valores sociales y medioambientales crea valor añadido y, por tanto, más negocio. Pero también ha abierto de nuevo la caja de Pandora sobre el caos que reina en la definición de la RSC, en su uso y, sobre todo, en la fijación de unas reglas de juego claras.

La RSC está apostando gran parte de su credibilidad a las memorias de sostenibilidad que se publican cada año. En ellas, las grandes compañías reflejan sus políticas y avances en materia social y medioambiental. El problema es verificar que lo que en ellas se plasma es cierto. Y en plena crisis económica, la transparencia se antoja un elemento clave para ganarse la confianza del consumidor. De ahí que muchas voces reclamen criterios estándares y universales de verificación, incluso la creación de una norma legislativa sobre la transparencia en los contenidos de estos informes.

"En Europa, las empresas nos enfrentamos a diferentes legislaciones sobre reporting: la danesa, la inglesa, la francesa y la española. En España esto se está agravando con iniciativas como la ley de Extremadura. Sería deseable que los informes respondieran a parámetros globales", explica Alberto Andreu Pinillos, director de reputación y responsabilidad corporativas de Telefónica.

Otras voces exigen que, más allá de una posible norma sobre transparencia, hoy inexistente, se acote por ley la propia RSC, como propone Extremadura. El argumento es la globalización y la externalización de la actividad de las empresas multinacionales a países terceros, con leyes laborales y medioambientales más laxas. "Más allá de ser un valor añadido, la RSC es la constatación de un déficit regulatorio de la gestión empresarial global, que funciona a base de deslocalizaciones y de la internacionalización del mercado de trabajo", explica Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.

Para este organismo, los códigos de conducta que autorregulan la actividad de las empresas a escala global no son suficientes. "No es cierto que el propio mercado discrimina las empresas transparentes de las que no lo son", añade Vázquez. La compañía BP, por ejemplo, disponía de una sólida política de RSC antes del accidente de su plataforma petrolífera en el golfo de México.

Sin embargo, la creación de un gobierno corporativo global que acote la actividad de las empresas no parece tener visos de avanzar. La iniciativa que más se acerca a esta idea es el Global Compact (Pacto Mundial) de las Naciones Unidas, que reúne un total de diez principios voluntarios basados en el respeto de derechos humanos y laborales y que han suscrito muchas grandes empresas. "La construcción de la legislación internacional es una tarea tremendamente compleja", asegura Andreu. Lo mismo opinan en el BBVA. Para la entidad financiera, "la RSC reúne compromisos voluntarios más allá de lo fijado por la ley, no solo en España, sino globalmente", apunta Antoni Ballabriga, director de responsabilidad corporativa del banco.

Así, las compañías están optando por la elaboración de informes locales en aquellos países en los que operan fuera de España, donde se fijan "una serie de estándares homogéneos para todas las compañías en sus diferentes mercados", explican desde Telefónica.

Desde la cementera Cemex, que opera en más de 50 países y en 2009 obtuvo el 8% de sus beneficios fuera de España, "la creación de una regulación internacional sería deseable, pero no parece factible", reconoce María García Villán, responsable de RSC de la compañía.

Pero ahora, la crisis económica está poniendo las cosas en su sitio, también desde el punto de vista de la reputación empresarial. "Las ineficiencias están saliendo a la luz y parece que, yendo más allá de la legislación, nos va mejor; así que la RSC es una herramienta para salir de la crisis", añade García Villán.