Abogadas al frente del tercer sector

Marta Casals trabajó en varios despachos de abogados antes de aterrizar en la Fundación La Caixa. Su llegada a la entidad, en 2002, coincidió con los primeros movimientos para poner en marcha la asesoría jurídica, que echó a andar bajo la dirección de la que entonces era su jefa.

Desde entonces las cosas han ido rápidamente. Hoy Casals dirige un pequeño equipo, integrado por dos abogadas más, que no duda en definir con una palabra: multidisciplinar. Mientras habla es imposible no darse cuenta de que le gusta lo que hace. "Trabajar en la asesoría jurídica de la fundación tiene mucho de empresa, naturalmente, pero también hay un componente muy social, muy ético, que hace nuestra labor muy diferente a la que se ejerce en otros sectores".

Ese balance de la responsable jurídica de Fundación La Caixa es común a muchos de los profesionales que trabajan en el denominado tercer sector: organizaciones sociales, culturales y filantrópicas, entidades no gubernamentales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. "Una de las diferencias de ejercer la abogacía en una entidad como ésta es que trabajamos para beneficiarios, no para clientes. También se trata de evitar en lo posible la litigiosidad, aquí intentamos negociar los temas hasta las últimas consecuencias", apunta Casals.

En el día a día, la asesoría de la fundación cuenta con el apoyo de los servicios jurídicos centrales de La Caixa, "especialmente en temas de protección de datos", y con el apoyo de abogados externos cuando surgen temas muy especializados. "Hemos trabajado con muchas de las principales firmas, pero también recurrimos a pequeños despachos con mucha especialización". Entre los bufetes con los que ha trabajado el departamento figuran nombres como Roca Junyent, Garrigues y Landwell.

¿Qué perfil de abogado necesita una asesoría como la de la fundación? Su responsable no lo duda. "Si tuviera que contratar a alguien, buscaría a una persona con una buena base jurídica, especializada en áreas que necesitásemos cubrir en ese momento concreto, pero que hubiese tenido contacto con organizaciones del tercer sector y en temas culturales".

Marta Casals dirige un equipo integrado por otras dos letradas en Fundación La Caixa

María Segurado trabaja con dedicación plena para Cáritas Española desde el año 2005, aunque su trabajo voluntario para la organización encargada de la "acción social de la Iglesia católica", como la define con sus propias palabras, se remonta mucho más atrás en el tiempo. La abogada ejerce la profesión desde 2003 y se ha especializado en Derecho de Extranjería y Derecho Social.

La red legal de Cáritas, de cuya coordinación se ocupa, se encarga de prestar asistencia legal a quien recurre a la institución católica en demanda de ayuda, aunque -matiza Segurado- su labor no es únicamente asistencial.

"Entendemos todo nuestro trabajo como una actividad estructurada según un proceso", explica. Cáritas, una de las mayores entidades en el ámbito de la intervención social de España, tiene como lema Trabajamos por la justicia, y ése, explica María Segurado, "es el referente de la actuación en nuestros servicios legales".

Inmigrantes y presos son dos de los colectivos sobre los que se centra principalmente la actividad del departamento legal de esta entidad católica, coordinado por Segurado a nivel estatal y que engloba asesorías jurídicas de las 68 Cáritas -tantas como diócesis católicas hay en España-.

Su trabajo no termina en la asistencia directa al necesitado de su intervención legal, en la que no pretenden sustituir a otras instancias, "como el turno de oficio", sino servir de complemento. Por eso, explica, "estamos presentes en los foros, comisiones u organismos en los que se debaten los marcos legales de los ámbitos en los que intervenimos", con la realización de propuestas y aportaciones desde el punto de vista normativo sobre las leyes y otras normas y sobre su aplicación. Los diferentes criterios interpretativos que las Administraciones emplean en supuestos como, "por ejemplo, la aplicación de las legislación de extranjería", requieren de un gran trabajo de vigilancia que se hace posible gracias a la "extensa red de voluntarios" que colaboran con la organización legal de Cáritas.

Su presencia en otros espacios de consulta y propuesta, también en el seno de la Unión Europea, facilita "adelantarse" a cambios legislativos y preparar a sus miembros para una eficaz intervención.

La estructura de los servicios de la principal herramienta de intervención social de la Iglesia católica está formada por colaboradores voluntarios, letrados no permanentes y unos abogados a tiempo completo que coordinan sus actuaciones. En cualquier caso, María Segurado insiste en que su perfil se basa "en el trabajo profesional", huyendo del voluntarismo.

Cuando se le pregunta si le gusta su trabajo, la letrada contesta sin dudarlo que se considera "plenamente satisfecha y recompensada" al realizar un trabajo "peor pagado en términos económicos" que otros, pero que satisface "muchísimo en términos humanos" y que considera plenamente vocacional.

Maialen Echevarría, responsable de los servicios jurídicos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), también reconoce que los salarios en entidades del tercer sector como la suya suelen ser menos competitivos que en otros ámbitos, como es el caso de empresas o bufetes. Pese a ello, tiene claro que no se imagina en un futuro sentada en un sillón de socia en un despacho de abogados.

Echevarría, que llego hace dos años a la asesoría jurídica de la entidad, no cree que trabajar en una organización como la suya implique tener un enfoque distinto de la abogacía, aunque sí reconoce que exige un mayor grado de involucración. "Indudablemente, el compromiso es diferente al de la empresa privada, principalmente por el fin social que cumple la organización", explica.

En un momento en que la abogacía pro bono está en alza en el mercado legal, la responsable jurídica de la Asociación Española Contra el Cáncer afirma que hay bufetes de abogados que trabajan en estos términos en favor de su organización. "Hay un poco de todo, algunos despachos sí trabajan pro bono con nosotros y otros lo hacen en condiciones excepcionales", señala.

Su departamento, que depende de la dirección general, presta servicio a la sede central de la asociación, así como a las diferentes jefaturas provinciales. Respecto a las áreas del Derecho en que se centra el departamento, explica que se trata de "un poco de todo, especialmente temas mercantiles y civiles". También recurre a bufetes externos, principalmente en materia fiscal y laboral. ¿Qué perfil de abogado necesita la asociación? "Debería tener un mínimo de experiencia en materia civil y mercantil y que esté comprometido con los valores de la organización", concluye.