La directiva Mifid mejora la protección del inversor

El tiempo se agota y aunque está claro que España no llegará a tiempo para la transposición de la directiva comunitaria Mifid (Markets in Financial Instruments Directive), la aplicación será de obligado cumplimiento a partir del 1 de noviembre. La directiva busca proteger a los inversores y fomentar al mismo tiempo la competencia en el sector. Hasta ahora, muchas empresas de servicios de inversión han resaltado sobre todo la confusión que genera la directiva y los costes que acarreará su puesta en marcha. Pero la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quiere poner luz sobre sus aspectos positivos: 'Vender bien productos financieros, asesorar bien a los clientes tiene un valor añadido muy importante para las entidades (...) Hay que considerar la directiva como una fuente de oportunidades'. Ese el mensaje que transmitió el director general de entidades de la CNMV, Antonio Carrascosa, en un desayuno organizado por Banco Madrid y Cinco Días.

'La directiva supone un cambio muy importante en la relación entre sociedades y clientes, pero esto no debe ser considerado sólo como una carga, sino como una relación cada vez más positiva y en la que las sociedades irán encontrando también oportunidades', explicó Carrascosa.

La visión del representante de la CNMV empieza a ser compartida por muchos agentes del mercado. 'De la aplicación de la Mifid se desprenden oportunidades relacionadas con el conocimiento del cliente, que permitirán poder ofrecerle nuevos productos y un mayor acceso al mercado europeo a través de productos como el pasaporte europeo', corroboró Iñaki Uriarte, director de auditoría y control de Banco Madrid. 'Venimos muy sobrecargados de normativas en muy corto plazo', admitió Uriarte, que pone como ejemplo la introducción de las nuevas normas de contabilidad internacional, que buscan impulsar la transparencia del sector. 'Estamos viviendo en ese punto de esfuerzo, pero entendemos que va a haber una compensación final', añadió el directivo de Banco Madrid.

Para las entidades, aparte de la complejidad que implica reclasificar a todos sus clientes, uno de los puntos a subrayar es el coste económico que conlleva la nueva normativa comunitaria. Algunas consultoras estiman que la implantación de la Mifid requerirá una inversión de 220 millones de euros para el conjunto de bancos, entidades de crédito y sociedades de valores españolas.

'Que todos los clientes pasen por un examen previo de conocimiento es estupendo y muchas firmas lo están haciendo sin necesidad de la directiva. Pero eso afecta a algunas entidades que tienen un número enorme de clientes y hay una cierta preocupación sobre el coste que acarrea', apuntó José Miguel López-Frade, director general de Banco de Madrid. 'Por supuesto que tiene costes, pero también tiene enormes beneficios y posibilidades de desarrollo de mercado', aclaró Fernando Zunzunegui, abogado y asesor de la Comisión Europea.

Zunzunegui citó un informe realizado por el supervisor de los mercados de valores británicos, la FSA (Financial Services Authority), en el que se llegaba a la conclusión de que los beneficios anuales iban a doblar los costes asociados a la directiva. 'En la medida en que en estos meses la industria española reaccione y se posicione, puede tener un coste-beneficio parecido al de Reino Unido', vaticinó el asesor de la Comisión.

El espíritu de protección al inversor que busca la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros obligará a las entidades a clasificar a sus clientes en tres perfiles básicos, que son el de minorista, profesional y contraparte elegible. Al final, el objetivo de la Mifid es algo tan sencillo como evitar que las entidades y sociedades de inversión coloquen a sus clientes productos cuya complejidad ni siquiera la red comercial logra comprender con claridad. 'No está claro qué entidades van a salir ganando y cuáles van a salir perdiendo, pero quién sí es seguro que va a salir ganando es el inversor, el cliente final. Pase lo que pase, va a salir con unas ventajas importantes', anunció Josep Soler, presidente de EFPA, la Asociación Europea de Planificación Financiera, una organización que examina a asesores y planificadores para otorgarles un certificado europeo de cualificación profesional.

'Hasta ahora, el gran olvidado de la legislación era el inversor final', añadió Soler. 'Las sociedades de inversión son conscientes de ello y hace años que están preparando sus redes mucho mejor', aseguró el presidente de EFPA. En este sentido, uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre la comunidad financiera es el de la distinción entre asesoramiento y actividad comercial. La CNMV ha asegurado 'que habrá una respuesta' a las dudas creadas en el sector. Carrascosa detalló que la CNMV ha creado un grupo de trabajo con el Banco de España y representantes del mercado; el grupo ha elaborado un documento en el que se trata específicamente esta cuestión. La CNMV canalizará además un sistema de preguntas y respuestas para aclarar las dudas del sector. 'Tenemos una opinión de consenso con la industria: todo lo que hacen las redes en cada minuto de su actividad comercial no puede ser entendido como asesoramiento de inversión', afirmó el ejecutivo del organismo regulador.

El riesgo de un aumento de los litigios

Claro que, aunque los aspectos teóricos sean muy positivos, la puesta en práctica puede tener consecuencias no deseadas. 'En muchos se imponen a las entidades deberes de diligencia extrema de manera que, en caso de una inversión fallida o ruinosa, se corre el riesgo de que el inversor que haya perdido dinero tenga la oportunidad de exigir responsabilidades a alguien', advirtió durante el encuentro Sabiniano Medrano, abogado y socio Ernst & Young.

'En algunos aspectos será imposible estar irreprochablemente al día y, aun constituyendo la Mifid una clara oportunidad, las entidades tienen motivos para preocuparse', subrayó Medrano. 'Quizá haya habido un movimiento pendular excesivo en dirección hacia un exceso de regulación', valoró en este sentido el abogado de Ernst & Young.

La CNMV reconoce que hay un riesgo de que se incrementen las denuncias, pero no cree que la dinámica vaya a ser la de una proliferación desmedida. 'Por un lado, los inversores conocen que el riesgo de mercado lo asumen ellos y, por otro, no creo que se estén generando expectativas infundadas de mayor protección', expuso el director de entidades del organismo supervisor. Como una medida preventiva, el asesor de la Comisión Europea Fernando Zunzunegui, propuso que la CNMV reforzase, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los planes de formación financiera para los jueces.

Los ponentes avisaron, eso sí, de que los 'defectos formales' de la traducción al español de la directiva dejan abierto un resquicio a la interpretación. La Mifid insta a las entidades a que garanticen a sus clientes la mejor ejecución ('best execution'), mientras que el borrador del anteproyecto de ley que modifica la Ley del Mercado de Valores sustituye la expresión mejor ejecución por mejor resultado posible. 'Es un defecto formal que puede traer graves consecuencias', subrayó Zunzunegui. 'Debería corregirse, teniendo en cuenta que muchos jueces no tienen una formación técnica financiera', propuso el abogado.

El borrador del anteproyecto de ley que, contra el sentir de la industria financiera, también impide que las personas físicas puedan registrarse como asesores de inversión, está sometido al trámite de audiencia pública hasta el 30 de marzo.