El Presupuesto de 2011 llegará con subidas de impuestos

La quiebra que ha supuesto para el discurso social del Gobierno el plan de ajuste que aplicará para reducir el déficit, le obliga a recomponer cuanto antes una estrategia bien articulada que le facilite transitar por los dos años que le restan todavía de legislatura. Si no lo consigue, se admite en el PSOE, el fantasma de las elecciones generales anticipadas que agita el PP tomará cada vez más cuerpo. Este viernes, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, dijo con un cierto tono derrotista: "No vamos a dejar la tarea a medias". El periodista le había preguntado tras la reunión del Consejo de Ministros sobre la posibilidad de un adelanto electoral y también sobre la invitación envenenada de Convergència i Unió a que José Luis Rodríguez Zapatero sea sustituido por otro dirigente socialista para que el PSOE gane en credibilidad y acabe dignamente la actual legislatura.

Fue el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Josu Erkoreka, quien le recordó el pasado miércoles a Zapatero desde la tribuna del Congreso que en la presentación del plan de ajuste ha tenido que comerse los cientos de anuncios y aseveraciones que ha realizado con energía en los últimos meses. Todos ellos se resumen en la apuesta un tanto alegre y decidida del presidente por facilitar "una respuesta social" a la salida de la crisis, intención siempre benévola que se ha visto laminada después de su decisión de recortar los salarios públicos, congelar las pensiones, reducir los derechos de las personas dependientes, eliminar las ayudas a la natalidad o rebajar la partida destinada a la cooperación al desarrollo.

Fue Mariano Rajoy, líder de un Partido Popular cada vez más crecido pese a lo que revelan las encuestas, quien también emplazó al presidente a no presumir desde la tribuna del Congreso de velar por los derechos sociales. Nunca más, le advirtió en torno vehemente. El mundo se ha dado la vuelta después de la última tormenta bursátil y del tercer grado al que Bruselas ha sometido al Gobierno, y ahora es el PP el que se coloca ante la opinión pública como principal defensor de pensionistas, jubilados y empleados públicos. Y eso que antes de que Zapatero anunciara su plan de ajuste en lo que sus allegados califican como el peor día de la legislatura, destacados dirigentes del PP le emplazaron a tomar decisiones valientes y arriesgadas, sin excluir su apoyo a la congelación del sueldo de los funcionarios. Si lo hizo José María Aznar en el 2001, también lo puede hacer el presidente del Gobierno ahora, se justificaban estos mismos dirigentes sin prever que Zapatero anunciaría un día después no sólo la congelación salarial de los empleados públicos, sino también un recorte medio en sus ingresos del 5%.

Al margen de las fuertes tensiones que ha generado este plan de ajuste en las costuras internas del Gobierno, donde hay al menos dos vicepresidentas que han quedado desautorizadas por la vía de los hechos en declaraciones públicas, en el PSOE son muchos los que se preguntan si estas medidas que ya conocemos son el aperitivo del plato que puede estar cocinándose en La Moncloa al calor de los Presupuestos de 2011 o, por el contrario, supondrá un punto casi final a la espera de que se aprueben las reformas estructurales pendientes.

No se descarta nada

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reconoció este viernes que la nueva subida de impuestos es uno de los escenarios que baraja el Gobierno, aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto, pues se está a la espera de la evolución de los acontecimientos. "Estamos evaluando la situación y más adelante no se descarta nada", añadió en La Moncloa. Sin embargo, fuentes del área económica dan como seguro que las cuentas del año que viene incorporarán una mayor presión fiscal, con el aumento del gravamen en algunas figuras impositivas.

De las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en el Congreso en respuesta al diputado de Iniciativa Joan Herrera, se desprende igualmente que los próximos Presupuestos estatales contendrán nuevas subidas impositivas, posiblemente centradas en los Especiales (tabaco, alcohol y combustibles) y también en el Impuesto sobre la Renta. Ni la izquierda parlamentaria ni los sindicatos entienden las razones por las cuales Zapatero no acompañó la semana pasada su plan de ajuste de la recuperación, por ejemplo, del Impuesto sobre Patrimonio, o de algún gesto, aunque fuera testimonial, relacionado con la fiscalidad de las grandes fortunas. Por Patrimonio, antes de su desaparición, se obtenían alrededor de 1.800 millones de euros anuales. Es muy posible, señalan fuentes de IU, que si el presidente hubiera dado este paso para compensar el desequilibrio de las medidas tomadas contra pensionistas y funcionarios, la respuesta de la izquierda y la respuesta sindical hubiera sido mucho más contenida todavía.

Fiscalidad progresiva

Durante su encuentro de más de dos horas en La Moncloa con Zapatero, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras le plantearon al presidente la conveniencia de subir los impuestos a las rentas más altas. Exactamente la misma propuesta que le hizo a Zapatero el diputado Herrera, convencido de que los ciudadanos podrían digerir mejor el recorte salarial a los empleados públicos o la congelación de las pensiones si el Ejecutivo aplicara al mismo tiempo una fiscalidad más progresiva.

En realidad, lo que la izquierda le pide al Gobierno son gestos hacia su electorado. Su carencia y la falta de ánimo en el PP y en CiU para avalar el decreto que aprobará el Consejo de Ministros de la semana que viene, dificultarán los apoyos parlamentarios a esta iniciativa, aunque el PSOE cree que siempre tendrá a mano al Partido Nacionalista Vasco y a Coalición Canaria, las dos fuerzas políticas gracias a las cuales han prosperado los Presupuestos vigentes. Un escenario de derrota parlamentaria en este decreto sería tanto como pensar en una disolución de Las Cortes generales y en la convocatoria de elecciones generales anticipadas, admiten fuentes de los dos principales partidos políticos.

Sea este plan de ajuste o no la antesala de nuevos programas destinados a reducir el déficit, lo cierto es que en estos momentos Zapatero se ha quedado sin discurso político coherente y sin un guión visible que sirva de referencia fiable a sus propios votantes. Ya ni siquiera disfruta del acompañamiento sindical que le ha venido escoltando desde 2004 aunque, por el momento, ha visto como Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo han congelado una respuesta contundente en forma de huelga general. El 2 de junio veremos cómo respiran por la herida los funcionarios, con un paro general que servirá a los sindicatos y también al Gobierno de termómetro para medir el enfado ciudadano. Ya hay varios sondeos en marcha para efectuar esta medición, que serán de gran valía para que Zapatero module su respuesta dentro de lo que su entorno define como la "democracia instantánea", que podría traducirse en la inclinación del presidente a gobernar a golpe de encuesta, no sólo a golpe de lo que dicen las agencias de calificación y los mercados.

Mientras todas estas incertidumbres se despejan, el equipo económico que rodea a la vicepresidenta Elena Salgado ha empezado a trazar ya escenarios presupuestarios para el año que viene. El proyecto de ley cuyo primer borrador se tendrá listo antes de agosto entrará en el Congreso en septiembre, mes en el que el Gobierno deberá tener ya garantizados los apoyos suficientes como para evitar la sombra del adelanto electoral. Todas las esperanzas del PSOE descansan de nuevo en el Partido Nacionalista Vasco y en Coalición Canaria, quizás las fuerzas políticas que menos tendrían que influir en la fiscalidad impuesta al resto del Estado ya que el País Vasco disfruta de un concierto a la medida y las islas tienen también un régimen fiscal bastante personalizado. Será este el momento de la verdad y facilitará la foto completa con la que Zapatero intentará remontar la crisis. Será también, aseguran fuentes socialistas, la última oportunidad que quizás tenga el presidente para compensar la quiebra de su política social. Al menos, esa es la esperanza que albergan los candidatos a las elecciones locales y autonómicas de mayo del año que viene, sumidos en el desánimo ante el tsunami que se les avecina.

Si en estos momentos se celebraran elecciones, sólo estaría a salvo la Junta de Extremadura, afirman fuentes socialistas que han tenido acceso a las encuestas más recientes. La polémica de fondo entre los candidatos, todavía no oficiales, descansa en conocer hasta qué punto Zapatero ha dejado de ser un activo electoral para convertirse, justamente, en un estorbo.