Las comunidades se resisten a un 'chequeo' profundo

Tal vez muchos ciudadanos no saben que un tercio del presupuesto de su comunidad autónoma se gasta en sanidad. Y de ese coste, otro tercio puede ir a pagar fármacos. En un momento de crisis, cuando los ingresos fiscales se han reducido y la sostenibilidad del sistema se tambalea, cada Gobierno regional capea el temporal como puede, pero sin grandes propuestas de cambio. "El sistema es sostenible, pero está en un momento muy duro", explica Manuel García Goñi, profesor de Economía de la Salud en la Universidad Complutense.

"Lo que están haciendo es retrasar los pagos todo lo que pueden sin tocar la calidad", añade. "Los políticos no pueden vender una milonga, no se puede tener más servicios sin que los ciudadanos no paguen más impuestos o se consigan más ingresos por otras vías" (como el copago), cree Manel Peiró, director del área de gestión sanitaria de Esade.

El retraso en los pagos ha llevado a las patronales de tecnología sanitaria y Farmaindustria a acusar a los Gobiernos regionales de deberles 8.800 millones de euros. Incluso la demora para cobrar llega hasta los 600 días, según denuncian los empresarios. La realidad es que en las últimas tres décadas el gasto en sanidad en España ha crecido exponencialmente hasta llegar a un 9% del total del PIB, estima la OCDE.

El Ejecutivo central, dentro de las medidas de recorte de déficit, tomó dos decisiones que afectaron a la sanidad: por un lado, el recorte en los precios de los fármacos (que puede suponer un ahorro de 2.000 millones de euros), y por otro, la reducción de un 5% de los sueldos del personal del sector público (lo que afecta a los recursos humanos sanitarios). Pero los expertos señalan que se debe ir más allá.

¿Cuál es el camino? ¿Un copago? ¿Recortar servicios? ¿Reducir más la factura farmacéutica? De momento, las autonomías han pospuesto el debate hasta después de las elecciones autonómicas de mayo.

La consultora Antares, especializada en sanidad, publicaba recientemente un estudio sobre la sostenibilidad del sistema. Las medidas tomadas hasta ahora "difícilmente contendrán el crecimiento del gasto sanitario en los próximos años, pues inciden muy poco sobre las causas de ese crecimiento", concluían. Los motivos reales del incremento, según el informe, serían la introducción de nuevas tecnologías, una mayor inflación sanitaria, la sobreutilización de los servicios (por el envejecimiento de la población y los hábitos de vida) y las ineficiencias del sistema.

El informe señalaba 10 acciones para ahorrar 9.900 millones de euros al año. La más importante, de un volumen estimado de 3.100 millones, sería mejorar la productividad de las plantillas. El coste de los recursos humanos supone casi el 50% del gasto total, pero desde la consultora se señala que la jornada media se sitúa en 32 horas semanales, muy por debajo de cualquier otro sector y del promedio europeo. Incluso "las tasas de absentismo laboral oscilan entre un 9% y un 12%, mientras que la media española fue del 5,3%", señala el estudio. "Se debe reformular la herencia del Insalud respecto a los profesionales. Hay que acabar con la excesiva burocratización, flexibilizar los recursos humanos y mejorar la productividad", confirma Peiró.

La Comunidad Valenciana ha sido la que más claramente ha optado por esta flexibilización. Este Gobierno ha ido imponiendo el modelo Alzira en sus nuevos hospitales, es decir, la gestión privada de las áreas sanitarias, a cambio de un pago per cápita por habitante. Eso supone que el profesional que lo desee puede salirse del convenio público a cambio de trabajar más horas ganando más.

"Desde luego, este modelo tiene más sentido que el de la Comunidad de Madrid", cree Peiró, donde el Ejecutivo paga un canon por el uso de los nuevos hospitales. Pero tanto el modelo levantino como el madrileño (ambos del PP) cuentan con el rechazo absoluto de la oposición socialista. Andalucía (PSOE), por ejemplo, ha apostado por una agencia pública de salud.

El gran tema tabú es, sin embargo, el copago por el uso de los servicios sanitarios para agrandar la fuente de ingresos. Algún Gobierno, como el anterior del PSC en Cataluña, se atrevió a hablar sobre que era necesario el debate. Sin embargo, oficialmente tanto PP como PSOE, incluido el Ministerio de Sanidad, se muestran contrarios a su implantación. García Goñi cree que el coste de ponerlo en marcha no hace que no merezca la pena, pero puede castigar a los que más lo necesiten, no a los que más abusen del servicio.

La batalla de las recetas

"El principal problema de la sanidad española es reducir el número de recetas", cree el profesor de Esade. Actualmente la apuesta ha sido no reducir la cantidad, sino el precio de los medicamentos. "Pero no queda mucho más margen para recortar por el lado de precios", opina Goñi.

La principal batalla que se ha abierto en este frente se sitúa en Galicia. El nuevo Gobierno regional del PP ha aprobado un nuevo catálogo donde solo se incluyen los fármacos con los precios de referencia menores, dejando fuera de la financiación los más caros con el mismo principio activo.

Farmaindustria ha tomado la decisión de recurrir la decisión porque considera que deja fuera algunos medicamentos aprobados por el catálogo del Ministerio de Sanidad. "Afecta al derecho constitucional a la protección de la salud en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional", señalan desde la patronal, "y rompe la unidad de mercado". Desde la Consejería de Salud gallega, sin embargo, se considera que la norma supone un ahorro de 100 millones de euros y se garantiza a los pacientes el acceso a todos los principios activos: "Sabemos que la cuenta de resultados de Farmaindustria no va a ir bien, pero también deben saber que esto garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo, lo que es positivo para ellos". El departamento dirigido por Leire Pajín, por su parte, apoya la postura de la patronal.