¿Le interesa saber lo que ha costado curarle?

Qué es exactamente hacer un uso racional de la sanidad pública? Cuando caemos enfermos, ¿deberíamos tener presente lo que cuesta sanarnos? ¿Los españoles abusamos de los servicios de salud pública? Todas estas son algunas de las dudas (razonables) que probablemente se agolparán en la mente de muchos españoles cuando empiecen a llevarse debajo del brazo una factura de gastos por la atención sanitaria recibida en los servicios de salud. Una factura que, aunque no implicará ningún coste para los pacientes, aún no ha sido implantada pero ya está generando polémica, como siempre que se ponen sobre la mesa otras iniciativas dirigidas a controlar el gasto sanitario, por ejemplo, el copago.

Desde luego, "la sanidad española no es gratis" (nada lo es), como señala José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, pero ¿es necesario recordar al consumidor español mediante un recibo que actos médicos tan corrientes como ser atendido en las urgencias de un hospital produce un gasto de 140 euros; hacerse una prueba diagnóstica simple, como puede ser una ecografía abdominal, cuesta unos 35 euros, o que el precio medio de una consulta completa con un médico especialista puede ascender a 300 euros?

Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Paciente, explica por qué estos actos médicos básicos son cada vez más frecuentes, convirtiéndose en una lacra para la factura sanitaria de los servicios de salud: "Las listas de espera para los tratamientos o las operaciones siguen siendo una asignatura pendiente".

Las popularmente conocidas como facturas sombra "no buscan el ahorro ni, por supuesto, meter presión a los consumidores españoles, sino invitar a la reflexión sobre un uso racional de los recursos y dotar de transparencia al sistema sanitario", señala Martínez Olmos. Un sistema que absorbe el 6% del PIB (por debajo de lo destinado en otros países europeos), pero, eso sí, al que también contribuye la población española hasta con el 25% de su salario.

Polémicas aparte, la realidad es que la implantación de esta medida, tratada en el último Consejo Interterritorial, aunque no es obligatoria, ya está movilizando a varias comunidades autónomas. Y es que, pese a su manifestado desinterés económico, podría ayudar, en alguna medida, a contener el gasto sanitario. Cataluña y Andalucía son las que tienen más avanzado el proyecto, pero también Madrid o Galicia, donde posiblemente se use una factura electrónica, ya están estudiando cómo va a ser la puesta en marcha.

Este mismo año tiene previsto la comunidad andaluza empezar a entregar la dolorosa a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Pero, de momento, está definiendo elementos claves como la selección de los centros donde comenzarán a expedirse, quién entregará la factura (el médico, el administrativo...) y qué información recogerá exactamente. Porque como ha señalado Celia Gómez, directora general de Planificación y de Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud, no es lo mismo recoger en un recibo el coste de un acto médico puntual, como puede ser una operación de apendicitis realizada en un hospital, que valorar la atención prestada a los pacientes en un centro de atención primaria. Lo más probable es que en este tipo de centros la factura recogerá los gastos referidos a un periodo de tratamiento. Un año por ejemplo.

Además, según apunta Gómez, se trata de buscar una fórmula para no generar un esfuerzo adicional en los centros de trabajo y, lo que es más importante, acompañar esta medida de otras herramientas que ayuden a valorar no sólo la aceptación de los pacientes y sanitarios, sino también el impacto generado en el uso y consumo de los servicios. Y es que esta iniciativa supondrá un coste para los servicios de salud que hay que valorar.

Aunque todavía no ha definido las tarifas a aplicar (precio o coste), Andalucía, que cuenta actualmente con 44 hospitales abiertos y un presupuesto de casi 9.000 millones de euros para el Servicio Andaluz de Salud, ya dispone de un catálogo (no definitivo) de costes medios que pueden servir de orientación. Cuando la factura entre en vigor, los pacientes andaluces serán conscientes de que una sesión de rehabilitación ambulatoria cuesta 146 euros, el precio de una operación de cirugía menor (como quitarse un nebus), oscila entre los 115 y los 208 euros, una sesión de logopedia vale 196, una apendicitis con complicaciones puede alcanzar los 6.000 euros y una sustitución de cadera llega a los 13.000 euros. A todo hay que sumarle el gasto en farmacia, que en Andalucía supone un coste en recetas por persona y año de 266 euros, asevera Gómez.

Cataluña también ha entrado de lleno en su desarrollo. De hecho, según explica Josep Argimón, responsable de Gestión Sanitaria, en 2011, los usuarios del Servicio Catalán de Salud empezarán a llevarse su factura de gastos debajo del brazo. Para empezar, la iniciativa se hará efectiva en los hospitales catalanes, pero también se está estudiando su implantación en los centros de atención primaria y los sociosanitarios, cada vez más sobrecargados de pacientes.

A esta comunidad no le pilla de nuevas la medida, ya que a mediados de los noventa hizo uso de este tipo de facturas durante cuatro o cinco años, en este caso remitidas a los pacientes por correo postal. Una opción que ha sido desdeñada por la comunidad andaluza, dado el coste que conlleva.

Aunque la experiencia ha sido valorada positivamente, Argimón señala que estas medidas pierden eficacia con el paso del tiempo, de ahí que fuera suprimida. A su juicio, su mayor o menor efecto viene determinado por el desarrollo de otro tipo de herramientas paralelas, como son las campañas de comunicación, para concienciar a los usuarios de que la innovación y la tecnología que existe en las urgencias hospitalarias tiene un coste muy elevado; el desarrollo de un servicio de atención telefónica, que evita muchas visitas al médico, así como dotar a las urgencias de la atención primaria de una radiología simple y un laboratorio.

En cuanto a los precios, según explica Francesc Brosa, gerente de compras y evaluación de los servicios asistenciales del área de servicios y calidad del Servicio Catalán de la Salud, aún no tienen claro cómo se van a recoger, si por técnicas terapéuticas o mediante un promedio.