La ley de dependencia merece un amplio consenso
La enorme repercusión que la futura ley de dependencia tendrá sobre el empleo, la economía y la justicia social requiere, según el autor, de un gran pacto de Estado que implique tanto a los partidos políticos como a las distintas Administraciones
Probablemente, la ley de la presente legislatura que más y mejor repercusión tendrá sobre nuestra sociedad, nuestro empleo, nuestra economía y nuestra justicia social será la inminente ley de dependencia. El Libro Blanco de la dependencia proporcionó los datos básicos. En España existen en estos momentos más de 1.100.000 personas que precisan de la ayuda de otros para poder desarrollar sus funciones cotidianas. El grado de ayuda necesario es proporcional al tipo de dependencia que se tenga. Las hay leves, pero también dependencias absolutas. Tan sólo un 3% de estas atenciones son financiadas por los diversos servicios de asuntos sociales.
Normalmente son las propias familias las que atienden a los dependientes, contratando ayuda externa o prestándola directamente, tal y como ocurre con los mayores en muchísimas familias españolas. Cuando hablamos de conciliación de vida familiar y laboral no lo hacemos pensando tan sólo en el cuidado de los hijos, sino en muchos casos para la atención de los padres dependientes. Lógicamente, el número de personas dependientes se incrementará en proporción al envejecimiento de la población. Así, por ejemplo, se estima que para 2015 asciendan a 1.375.000 personas.
Ante la magnitud del problema, tenían que tomarse medidas coordinadas a largo plazo. De ahí la imperiosa necesidad de una buena ley de dependencia, que sepa aunar los criterios técnicos, esto es la definición de los instrumentos adecuados para la atención de los dependientes, con los económicos y con los políticos. Empiezo por estos últimos.
Una ley de dependencia tiene tal trascendencia que debe ser fruto de un pacto de Estado. Primero entre los grandes partidos políticos, que verán alternarse sus Gobiernos mientras se desarrolla la ley. Segundo, entre las comunidades autónomas y la Administración general del Estado, dado que las competencias de servicios sociales están transferidas. No debemos olvidar el importantísimo papel que los ayuntamientos juegan en la materia, por lo que la Federación de Municipios Españoles, o sus homólogos autonómicos, también deberían tomar cartas en el asunto. El próximo día 18 de este mes se presentará el anteproyecto de ley en la conferencia sectorial del ministro de Trabajo con las comunidades autónomas. Sería deseable alcanzar un acuerdo en la materia. Tan importante resulta, que si fuese preciso tomar más tiempo para ello, que se tome. No entenderíamos que por disputas partidistas o territoriales una ley de tal calado pudiera tener dificultades para su aprobación o su puesta en marcha.
Para que la ley sea viable debe gozar de una adecuada financiación. Se estima que cada persona dependiente le costará de media a la Administración unos 375 euros mensuales. Para que nos hagamos una idea del volumen de inversión que supondrá, esa cantidad equivale en total a más de 5.250 euros al año, superior a los 3.430 euros que se invierte en cada alumno de primaria. La idea es que el coste total se financie a tercios. Un tercio la Administración general, un tercio los servicios autonómicos y un tercio la propia persona dependiente en función de sus niveles de renta. A buen seguro que los criterios para la determinación de la cuantía a pagar por los particulares levantará un amplio debate, aunque debemos apoyar la idea básica. Nada sabemos de los seguros de dependencia, obligatorios en otros países, que podrían complementar la financiación de los particulares. En este ámbito de financiaciones mixtas aconsejaríamos que el Gobierno fuese flexible; hay espacio para la imaginación.
Una medida absolutamente novedosa es la de conceder un sueldo al miembro de la familia que cuide al dependiente. Como idea nos parece excelente, aunque habrá que ponerla en marcha con la debida cautela para evitar fraudes y rechazos de la ciudadanía.
Tal y como ya pronosticaba en los noventa el Libro Blanco de Delors sobre el futuro del empleo en Europa, la atención de la dependencia generará un importantísimo número de nuevos puestos de trabajo. Se estima que para 2015, cuando la ley esté en vigor, más de 260.000 personas tendrán su empleo en el sector, a los que habría que sumar los casi 100.000 cuidadores familiares que recibirían una retribución.
En resumen, una ley fundamental que bien merece un amplio consenso. Todos deben esforzarse por ello. El primero, el Gobierno.