La copia privada en la era de internet

Los ingresos de la industria musical en España por la venta de discos cayeron un 12,6% en 2004; el sector del software calcula que dejó de facturar 421 millones el año pasado por la copia ilegal de programas informáticos; y el cine presenta crecimientos por debajo de lo previsto. Discográficas, productoras, fabricantes y autores buscan a los culpables de la crisis y piden un mayor control sobre la piratería, al tiempo que exigen que se mantenga una política férrea de cánones para compensar las pérdidas que originan las copias privadas.

La patata caliente ha caído en las manos del Gobierno, que debe escuchar a quienes abogan por proteger los beneficios de la industria de producción cultural y a quienes creen necesaria una mayor libertad para facilitar la difusión de dicha cultura, aunque sea mediante copias.

Las armas contra la piratería son fundamentalmente la concienciación social y los métodos policiales. En cuanto a la copia de originales sin fines lucrativos (copia privada), el ordenamiento español, a través de la Ley de Propiedad Intelectual, contempla remuneraciones compensatorias para los autores y demás sujetos de los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, grabar música, imágenes, fotocopiar las páginas de un libro, está permitido por ese texto legal siempre y cuando sea para uso particular. Y la misma Ley contempla, en el artículo 25, medidas para amortiguar las pérdidas.

Los cánones llevan años afectando a los dispositivos de grabación, copiadoras y equipos multifunción, gravan el precio de los soportes vírgenes (CD y DVD) y hay quien asegura que el Gobierno está recibiendo presiones para que los establezca también sobre las líneas de conexión a internet ADSL. Y es que internet se ha convertido en campo abonado para el intercambio clandestino de música, cine, juegos y todo tipo de contenidos. Este rumor, que trascendió tras algunos contactos entre el ministerio de Cultura y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha avivado una vez más el debate sobre el canon.

El Ejecutivo niega que vaya a actuar sobre la conexión a internet, pero la cuestión ya ha llegado al Senado, donde el Partido Popular presentó hace una semana una proposición de ley para blindar al ADSL ante posibles cánones. Además, el PP solicita que se proteja de imposiciones a los equipos informáticos y que se levanten las que pesan sobre los soportes CD, DVD o cualquier sistema de almacenamiento y reproducción digital. 'Los primeros sorprendidos hemos sido nosotros y sabemos que la propuesta ha causado la misma sensación en el propio PP', aseguran en la SGAE.

La Asociación de Internautas, por su parte, eleva el rumor del ADSL a hecho prácticamente consumado y teme que el Ministerio de Cultura haya otorgado ya su bendición a las gestoras de derechos de autor para encarecer la conexión a la red. En cuanto a la patronal del sector tecnológico, Aetic, recomienda 'acomodar los derechos de autor a una senda de racionalidad y acorde con las nuevas tecnologías'.

En España hay contratadas 2,8 millones de líneas ADSL con un ritmo creciente de unos 100.000 nuevos abonados cada mes. Telefónica, que es el mayor distribuidor de ADSL, cree que no tiene sentido imponer impuestos adicionales a los usuarios de internet cuando todas las Administraciones, así como la propia Telefónica y otros agentes del sector, tratan de incentivar su uso para que nuestro país se incorpore plenamente a la sociedad de la información. Fuentes del operador aseguran que el discutito e hipotético canon sería 'injusto y desmotivador'.

La última vez que se debatió con ardor sobre la instauración de una cantidad extra para compensar por la copia privada fue en 2003. Entonces se entendió que el principal uso de los soportes digitales vírgenes (CD y DVD) es la copia, y que lo recaudado sirve para compensar a las discográficas o productoras de cine.

Los fabricantes de soportes y las gestoras de derechos de autor alcanzaron un acuerdo y se acabó imponiendo el canon sobre el CD y el DVD, independientemente del uso que se dé a esos dispositivos (que también pueden guardar documentos personales en lugar de originales protegidos). Ahora, el PP, en línea con la opinión de la Asociación de Internautas (AI) y del Consejo General de la Abogacía, estima que este tipo de medidas frenan el desarrollo de la sociedad de la información en España. En cuanto a la SGAE, critica que se remueva algo que considera que ya está asumido.

Nuevas medidas

¿Puede un Gobierno limitar el uso de internet o de un PC para difundir o copiar contenidos? La respuesta desde el Estado será la aprobación de un plan antipiratería en la primera mitad de abril contra las copias ilegales; la inminente transposición de la Directiva sobre Derechos de Autor y Derechos afines en la Sociedad de la Información, de mayo de 2001, a la Ley de Bases de Derechos de Autor; y el diseño, en la presente legislatura, de un nuevo texto legal que hable de la relación entre autores y consumidores.

Distintos expertos jurídicos apuntan que la normativa española respecto a este asunto se desarrolló en un contexto muy distinto al que se da en la actualidad y explican que la directiva dará pie a la introducción de cambios. Las últimas tendencias en protección y gestión de contenidos hablan de los sistemas digitales de gestión de derechos (DRM) o de las medidas técnicas de protección (TPM) para que el autor pueda controlar qué copias se pueden hacer de su trabajo, quién las realiza, a qué precio y cobrar por ellas directamente. De este modo desaparecerían los cánones y sólo pagarían quienes usan los grabadores, CD o DVD para copiar obras (música, películas, textos, etcétera) protegidas. La patronal Aetic denuncia que incluso se están cobrando cánones sobre soportes de grabación digital que incorporan sistemas que impiden la realización de copias. De ahí lo anacrónico de la legislación.

Hasta que se produzca dicha transposición o ganen terreno las nuevas medidas de protección digital, los productores de dispositivos como fotocopiadoras, impresoras, grabadores de vídeo, de CD y de DVD, etcétera, seguirán aportando millones de euros a las nueve gestoras de derechos de autor autorizadas por Cultura, por introducir sus dispositivos en el mercado. Lo normal es que el canon repercuta en el precio final del producto, con la consiguiente pérdida de competitividad de la empresa, o que sea el fabricante quien lo asuma con el desgaste que eso supone para sus arcas.