Un marco para la energía alternativa
El régimen especial del sector eléctrico engloba actividades de generación eólica, fotovoltaica, biomasa, minihidráulica, cogeneración, residuos urbanos, residuos industriales y agrícolas. æpermil;stas disminuyen la dependencia del exterior, aportan estabilidad al sistema eléctrico, contribuyen al crecimiento sostenible y a reducir la pesada carga que provocará el Protocolo de Kioto.
Se considera especial porque explota recursos renovables, surge del tratamiento de residuos contaminantes o aprovecha eficientemente la energía primaria. Se diferencia de la generación convencional en que utiliza tecnologías de desarrollo reciente y con instalaciones de pequeña potencia (hasta 50 Mw) bien distribuidas en la red de generación nacional.
Los países desarrollados establecen incentivos para atraer a la iniciativa privada al régimen especial, ya que precisa de fuertes inversiones en desarrollo de las tecnologías y en la construcción y puesta en marcha de las instalaciones, con largos periodos de amortización. Es importante, por tanto, que dispongan de un marco regulatorio con estabilidad en el tiempo y certidumbre en la retribución.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha discutido internamente estos días un borrador de real decreto con el nuevo régimen jurídico y económico. æpermil;ste incluye una apuesta decidida por ese marco de estabilidad y certidumbre: se fijan plazos temporales que cubren los periodos de amortización de las inversiones. Sin embargo, desde los distintos grupos se han hecho objeciones al borrador. En el eólico preocupa la aplicación a los parques en funcionamiento, la mejorable incentivación a la participación en el mercado eléctrico y la remuneración de los servicios complementarios. El sector eólico, y en particular la asociación que presido, quiere que el nuevo real decreto se publique, y trabaja denodadamente para corregir los puntos mejorables del borrador.
En otras actividades la situación parece más delicada. La remuneración para la cogeneración y la biomasa es insuficiente, y para el tratamiento de los purines la situación es más dramática, pues con la reducción de la remuneración propuesta, se crea un quebranto importante en las plantas existentes -que tratan 1,4 millones de metros cúbicos, permitiendo a granjas intensivas un vertido cero- y se desincentiva el desarrollo de plantas en una actividad que ha sabido dar respuesta a un grave problema medioambiental.
Estamos ante una oportunidad que no ha habido antes: un marco legal que regula más allá de una legislatura, hasta la amortización completa de las inversiones. Lo apoyamos decididamente. La CNE, con sus recomendaciones, y el Ministerio de Economía en la redacción final, tienen la ocasión de recoger las justas observaciones al borrador. Esperamos del texto definitivo que mantenga el impulso decidido que desde la Administración se ha dado a las energías del régimen especial.