Vivienda y gastos fiscales
En los últimos 20 años, los diversos Gobiernos han destinado en los Presupuestos Generales del Estado un total de 34.232 millones de euros de hoy a incentivar la compra de vivienda, sin contabilizar los programas destinados a la construcción y adquisición a precio político de casas de protección oficial. Los gastos fiscales destinados a este programa alivian notablemente el esfuerzo financiero de más de cuatro millones de contribuyentes. Pero también es verdad que este notable aliciente que supone que cada familia pueda deducirse un buen porcentaje de hasta 18.000 euros al año ha espoleado la adquisición de viviendas más allá de la necesidad natural de los españoles.
Ahora las cantidades deducibles están limitadas, además de congeladas en los últimos años; pero hasta hace unos cuantos ejercicios las familias podían utilizar la compra de hasta tres viviendas para aligerar su carga impositiva.
Con este mecanismo, las ayudas tributarias reflejadas en el impuesto sobre la renta, que afectaban tanto al pago de intereses como a la devolución del principal de los créditos hipotecarios, bien han podido provocar lo contrario de lo que pretendían: han estimulado la demanda y con ella la subida de los precios, en vez de atajarlos para facilitar la accesibilidad a la propiedad. Esta síntesis la comparten un buen número de expertos consultados y de catedráticos de Economía, y no ocultan, en general, la necesidad de corregir rápidamente un modelo fiscal que se traga ahora cerca de 3.000 millones de euros cada año.
Sin embargo, con unos cuatro millones de contribuyentes enganchados de este sistema de alivio fiscal, y con la obligación de financiar la principal inversión de su vida, plantear una retirada de los incentivos pone contra las cuerdas a cualquier Gobierno.
Parece acertado el planteamiento de limitar la deducción, ya puesto en marcha en el año 1999, que de alguna forma impone un trato más igualitario a todos los tramos de renta, así como la congelación de la cantidad máxima a deducir, mientras que se prosigue con una ampliación de deducciones en otro tipo de gastos, como es el caso de los destinados a ahorro y previsión, o los más elementales que suponen los mínimos exentos. La tendencia política se encamina también hacia los estímulos fiscales al alquiler de vivienda para hacer más asequible el uso de las casas desocupadas y frenar el impulso de la demanda hacia la compra. No obstante, el éxito de este tipo de instrumentos parece condenado al fracaso en un país en el que la propiedad de la vivienda absorbe casi toda la cultura financiera de la sociedad.
Además, los incentivos al alquiler de vivienda poco pueden solucionar si no se corrigen previamente los defectos de la Ley de Arrendamientos, que actualmente sesgan la balanza de privilegios en favor del inquilino y dejan muchas veces en la más absoluta desprotección al propietario.